Aunque los indicadores muestran una mejora respecto a los años más críticos de la emergencia sanitaria, el trabajo infantil aún es una realidad para cerca de dos millones de niños y adolescentes en el Perú. Así lo revela un reciente análisis de la ComexPerú, que advierte que la problemática mantiene fuertes diferencias territoriales y sigue asociada a menores oportunidades educativas para quienes la enfrentan.
Según estimaciones elaboradas por el gremio sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), al cierre de 2025 el 21.9% de la población entre 5 y 17 años realizó algún tipo de trabajo dentro o fuera del hogar, lo que equivale a aproximadamente 1.8 millones de menores.
La cifra representa una reducción significativa frente al 32.1% registrado en 2020, cuando la pandemia y el cierre de escuelas impulsaron un aumento del trabajo infantil en todo el país.
Evolución de la tasa infantil | Fuente: Enaho . Elaboración: Comex
Una realidad concentrada en las zonas rurales
La incidencia del trabajo infantil aún es considerablemente más alta fuera de las ciudades. Mientras que en las zonas urbanas la tasa alcanza el 14%, en las áreas rurales llega al 51.5%.
Esta diferencia refleja las limitaciones que enfrentan las políticas públicas en territorios donde el trabajo infantil suele estar vinculado a actividades agropecuarias familiares y donde factores como la dispersión geográfica, la menor oferta educativa y la informalidad dificultan la intervención estatal.
Las mayores tasas de trabajo infantil durante 2025 se registraron en tres departamentos, donde más de la mitad de los menores participa en actividades laborales:
- Huancavelica (53%)
- Huánuco (52.5%)
- Apurímac (50.5%)
Además, entre 2024 y 2025, los mayores incrementos se observaron en Apurímac (8.1 puntos porcentuales), Madre de Dios (7.1 puntos), Arequipa (4 puntos) y Huánuco (3.3 puntos).
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Regiones que aún no recuperan niveles prepandemia
Pese a la mejora nacional observada en los últimos años, seis departamentos todavía registran tasas superiores a las que tenían antes de la pandemia:
- Arequipa
- Ica
- Junín
- Lima
- Madre de Dios
- Tacna
El caso más marcado es Junín, donde la tasa de trabajo infantil alcanzó el 33.9%, ubicándose 6.4 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2019. Le siguen Tacna y otras regiones donde la recuperación aún no logra consolidarse.
Estos resultados evidencian que la reducción observada a nivel nacional no ha sido homogénea y que persisten desafíos particulares en determinados territorios.
Relación entre la transición a la educación superior y la tasa de trabajo infantil en 2025 | Fuente: Enaho, Elaboracion: ComexPerú
Menos oportunidades para acceder a la educación superior
Los datos también muestran una relación entre la incidencia del trabajo infantil y la continuidad educativa de los jóvenes.
En términos generales, los departamentos con mayores niveles de trabajo infantil presentan menores tasas de transición hacia la educación superior. Esto sugiere que el tiempo destinado a actividades laborales puede reducir las posibilidades de que los estudiantes culminen su educación básica e ingresen posteriormente a una universidad o instituto.
Huánuco constituye uno de los ejemplos más claros. Además de registrar la segunda mayor tasa de trabajo infantil del país, presenta la tercera menor tasa de transición a la educación superior.
Una situación similar se observa en Huancavelica, Áncash y Amazonas, donde la elevada participación de menores en actividades laborales coincide con menores niveles de acceso a estudios superiores.
No obstante, existen excepciones. Ayacucho, por ejemplo, registra la menor tasa de transición a la educación superior del país sin encontrarse entre las regiones con mayor incidencia de trabajo infantil.
Ello sugiere que también influyen otros factores, como la disponibilidad de centros de educación superior, las condiciones de acceso y las dinámicas migratorias de la región.
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El nuevo protocolo del Gobierno
Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó en mayo de este año el Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-TR.
El documento establece procedimientos, rutas de atención y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la prevención, detección y atención de casos de trabajo infantil.
La medida busca corregir una de las principales debilidades identificadas durante los últimos años: la falta de articulación entre las entidades encargadas de abordar el problema. Hasta ahora, diversas instituciones intervenían de manera aislada, lo que reducía la efectividad de las acciones implementadas.
El protocolo surge además en un contexto marcado por el vencimiento de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil (Enpeti) en 2021.
Si bien esta estrategia estableció objetivos de largo plazo, enfrentó dificultades vinculadas a la falta de financiamiento permanente y a la persistente tolerancia social frente al trabajo infantil.
Seis regiones aún no recuperan niveles prepandemia de trabajo infantil | Foto: ANDINA
Un desafío que va más allá de la fiscalización
La experiencia reciente muestra que la reducción del trabajo infantil requiere medidas que trasciendan la intervención laboral. Diversos organismos internacionales han advertido que la normalización social de esta práctica sigue siendo uno de los principales obstáculos para erradicarla.
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que en el Perú el trabajo infantil suele asociarse positivamente con la responsabilidad familiar, una percepción que contribuye a su aceptación en distintos contextos.
Por ello, especialistas coinciden en que el nuevo protocolo puede fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, pero que su efectividad dependerá de acciones complementarias. Entre ellas destacan las transferencias condicionadas vinculadas a la permanencia escolar, una mayor cobertura educativa y mejores oportunidades de acceso y retorno económico de la educación superior.
Mientras estos factores persistan, el trabajo infantil continuará representando no solo un problema laboral y social, sino también una barrera para la formación de capital humano y la movilidad social de miles de niños y adolescentes en el país.
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