El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, se encuentra bajo escrutinio público debido al aparente uso de los palcos institucionales en el Estadio Nacional durante el concierto del artista Bad Bunny, el pasado 16 de enero, por parte de sus amigos y familiares.
Según una investigación periodística, los familiares y amigos de Ludeña accedieron a estos espacios, lo que ha generado cuestionamientos por un posible uso indebido de bienes públicos.
Al respecto, se han recopilado una serie de imágenes y publicaciones difundidas en redes sociales de varias personas sin vínculo laboral con el organismo estatal pero que asistieron al espectáculo desde palcos asignados al IPD, espacios que habitualmente se reservan para el presidente de la institución y otros funcionarios durante eventos en el estadio, pero que no se alquilan al público ni forman parte de la oferta comercial del concierto.
Según Latina Noticias, entre los asistentes identificados figuran:
- Fabrizio Canoci, medio hermano del titular del IPD,
- Yuri Benalcazar, hermano de la expareja del presidente,
- Warren Olortegui y Milagros Aspilcueta, ambos amigos cercanos del funcionario.
Ellos compartieron fotografías y videos en sus cuentas personales, mostrando su presencia en los palcos durante la presentación del artista puertorriqueño.
Los palcos del IPD, que forman parte de la infraestructura pública del Estadio Nacional, están destinados para el uso institucional en espectáculos y eventos, y su utilización en este caso no ha contado con una justificación oficial ni explicación pública por parte de la entidad.
El presidente del IPD, Sergio Ludeña, fue nombrado en el cargo el 14 de noviembre del año pasado por el presidente de la República, José Jerí, y en el pasado se desempeñó como administrador del club Cienciano del Cusco.
Hasta el momento, el IPD no ha ofrecido un pronunciamiento formal que aclare si se trató de una autorización institucional o de un uso particular de los palcos públicos. La situación ha generado críticas sobre el uso de bienes estatales para fines personales o de círculo cercano del funcionario, en un contexto de creciente escrutinio de la gestión de espacios públicos durante eventos de entretenimiento.
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