Todo hace prever que el decreto de urgencia para reestructurar Petroperú (DU Nº 010-2025) y todo lo que hasta ahora ha manifestado el premier Ernesto Álvarez y la ministra de Economía, Denisse Miralles, para revertir la situación de la empresa caerá en saco roto.
La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) informó a sus afiliados haber sostenido una reunión de trabajo con la gerencia general de la petrolera, en la que comunican haber abordado “temas de relevancia para la estabilidad laboral y la situación actual de la empresa”.
Así, detallaron a sus asociados que la gerencia general de Petroperú, liderada por Rita López, fue enfática en precisar que: “no existe ninguna disposición, ni se ha tomado decisión alguna, respecto a cursar cartas de pre-despido al personal”.
“Asimismo, (la gerencia general de Petroperú) indicó que este tema no ha sido materia de tratamiento hasta la fecha”, señalaron.
Lo anterior contradice el propio decreto de urgencia que dispone la aplicación de la modalidad más pertinente para la terminación de las relaciones laborales correspondientes dentro de la empresa estatal, toda vez que opera a pérdidas. Incluso, la norma dispone un aporte de capital de S/240 millones para que se cumpla dicha reestructuración del personal.
El sindicato también detalló que fue informado que se evalúan alternativas como la reubicación del personal, entre otras acciones, las cuales deberán ejecutarse dentro del margen de la ley, con criterios técnicos y sin vulnerar derechos laborales.
“La gerencia general informó que, precisamente para asegurar que las acciones vinculadas al cumplimiento del D.U. se realicen en estricto apego a las normas y con garantías para el personal, se ha contratado a un estudio de abogados de reconocido prestigio, con el objetivo de contar con una opinión legal especializada que oriente la definición de las medidas a adoptar”, indicaron.
Situación financiera y cuestionamientos
Otro aspecto informado por el sindicato a sus afiliados es la confirmación de la gerencia general de haber sostenido reuniones con diversos proveedores e instituciones financieras orientadas a la obtención de líneas de crédito.
Precisaron que el sindicato demandó realizar las investigaciones pertinentes y adoptar las medidas que resulten aplicables respecto de las personas que sean determinadas como responsables de la situación actual por la que atraviesa Petroperú.
Asimismo, se pronunciaron ante la gerencia general sobre lo que llamaron “serios cuestionamientos de inconstitucionalidad” recaído en el decreto de urgencia recientemente emitido”.
El sindicato indicó que continuará impulsando las acciones correspondientes orientadas a su derogatoria, en resguardo del marco constitucional, la institucionalidad de Petroperú y los derechos de los trabajadores.
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