La justicia de El Salvador dictó condenas sin precedentes contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), con penas que llegan hasta los 1.335 años de prisión, como parte de la ofensiva estatal contra las pandillas que lidera el presidente Nayib Bukele.
El Ministerio Público detalló que 248 integrantes de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por su responsabilidad en al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de delitos como extorsión, tráfico de drogas e invasión de viviendas.
Entre los sentenciados, uno fue condenado a 1.335 años de cárcel, mientras que otros diez recibieron penas que van desde los 463 hasta los 958 años de prisión.
Según la Fiscalía, los hechos juzgados ocurrieron entre 2014 y 2022 e incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes.
En varios de estos episodios, las víctimas se vieron obligadas a cerrar sus negocios ante las amenazas de muerte. El ente acusador también indicó que los pandilleros habían establecido bases operativas en distintos sectores del departamento de La Libertad, desde donde planificaban sus actividades delictivas.
Las sentencias se producen bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que permite detenciones sin orden judicial y amplía las facultades de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas desde su implementación, aunque unas 8.000 fueron liberadas posteriormente tras comprobarse su inocencia.
MANO DURA
El gobierno de Bukele sostiene que esta política de mano dura ha logrado reducir los homicidios a mínimos históricos en el país centroamericano. No obstante, organizaciones de derechos humanos cuestionan la estrategia y denuncian detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y muertes bajo custodia. La organización Socorro Jurídico Humanitario reporta al menos 454 fallecimientos de personas privadas de libertad desde 2022.
Pese a las críticas, el modelo salvadoreño ha despertado interés en la región. A mediados de diciembre, Bukele anunció un acuerdo para compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad y evalúa la construcción de una prisión de alta seguridad similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Mientras El Salvador exhibe condenas históricas como símbolo de su ofensiva contra las pandillas, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos sigue marcando la discusión regional sobre cómo enfrentar al crimen organizado.
