Empiezan a correr los primeros días de enero y el Gobierno tiene ahora el gran reto de convertir su lema (“¡El Perú a toda máquina!”) en resultados concretos. Pasar de los gestos mediáticos, de las promesas de acción inmediata, a mostrar cifras y logros en los principales problemas que su gobierno se ha comprometido a afrontar en lo que le queda de mandato.
El principal de ellos, el que más preocupa a los peruanos, qué duda cabe, es el de la inseguridad ciudadana y el avance de las economías ilegales en casi todos los ámbitos de la vida nacional. Un tema que tiene ya hace tiempo el carácter de urgencia.
Sin ir demasiado lejos, horas antes de que terminara 2025 se produjo un nuevo ataque criminal en Pataz, en la bocamina de Papagayo. Una balacera que dejó tres muertos. La empresa Poderosa señaló que el enfrentamiento se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control territorial.
Pero a todo esto, debemos recordar que Pataz se encuentra bajo estado de emergencia y toque de queda desde hace meses debido a la expansión de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal y al sicariato. Sin embargo, las autoridades locales sostienen que la violencia no ha disminuido y denuncian falta de inteligencia y contrainteligencia en los operativos.
Como ya se ha dicho desde esta columna, el Gobierno tiene dos herramientas poderosas para empezar a tomar decisiones: el nuevo plan nacional de seguridad –que según se anunció, debe exponerse este mes– y las facultades delegadas por el Congreso para legislar sobre la materia.
Se han realizado, además, cambios estratégicos en los mandos de las fuerzas de seguridad, destinando a los mejores oficiales en unidades y regiones clave: Víctor Revoredo en la Dirincri y Franco Moreno en La Libertad. Por otro lado, el ratificado jefe de la Policía, Oscar Arriola, ha perfilado algunos puntos en los que se concentrará la lucha contra la delincuencia.
La violencia que está desangrando el país y distorsionando su vida económica y política tiene que parar. Y en ese trabajo, el gobierno de José Jerí sí debe actuar a toda máquina.
