El juicio a Susana Villarán por las coimas recibidas de empresas brasileñas —para sus campañas de reelección y por el “no” a la revocatoria que se planteó contra ella— debe ser uno de los que mayor tiempo está tomando en realizarse.
Han transcurrido casi 10 años desde que se inició la investigación fiscal y hasta ahora no hay sentencia. Y la sensación general es que estamos ante un proceso que, de un modo u otro, continúa atrapado en una nebulosa judicial que se alarga sin que puedan vislumbrarse avances, en buena cuenta, condenas firmes.
La proyección es que esto ocurra durante 2026. Es quizás uno de los casos más sólidos que tenía a cargo el Equipo Lava Jato, porque Villarán era funcionaria en ejercicio, las empresas la delataron con lujo de detalles y ella terminó por aceptarlo en una entrevista radial.
El proceso se enturbió todavía más con la sospechosa muerte de quien se desempeñó como gerente general durante su gestión al frente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro —en la práctica, su mano derecha y encargado de recibir los sobornos—, justo cuando estaba por instalarse el juicio. Hay, sin embargo, suficiente evidencia en el expediente para que se logre una resolución condenatoria.
El propio fiscal José Domingo Pérez asegura que el caso es sólido: “Hay testigos, peritos y auditores de la Contraloría que relatarán cómo se aceleró la suscripción de los contratos de concesión y la adenda uno, sin cumplir el requisito legal de contar con la aprobación del MEF.
El dinero ilícito, entregado por las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, se destinó a la campaña de la No Revocatoria y a la reelección municipal de 2014. Se usaron diversas empresas y asociaciones para ocultar el origen de esos fondos.”
Así como 2025 fue marcado por sentencias históricas contra cuatro expresidentes que hoy purgan cárcel: Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, es hora de que la exalcaldesa de Lima también reciba una sentencia ejemplarizadora.
Esperemos que la actuación judicial en esta etapa no repita la parsimonia que —pese a haber reunido ya evidencias concluyentes— ha tenido la Fiscalía.
