Fue, una vez más, un año de vaivenes y confrontación. En este 2025, la coyuntura política —que tuvo su momento culminante en la vacancia de Dina Boluarte de la Presidencia de la República y su reemplazo por el entonces titular del Congreso, José Jerí— nos impuso incertidumbre y desazón.
Dina Boluarte, la exsocia del golpista Pedro Castillo, la mujer de los Rolex y de los ‘waykis’, se dejó ganar nuevamente por la indolencia y la soberbia —como cuando dijo: “Me llega lo que me puedan decir porque me baño en manteca” o cuando le respondió: “No necesito tus lágrimas” a un periodista que le pidió ayuda para atender los incendios forestales en Amazonas—; se arropó en el cómodo respaldo que —a veces tras bambalinas, pero más con descaro— le dieron algunos partidos representados en el Parlamento, y demostró que aprendió poco, o más bien nada, de los golpes políticos recibidos el año anterior. “Mi gobierno no tuvo paz ni tregua”, “han querido convertir a la presidenta en un chivo expiatorio”, se quejó.
Aquel 10 de octubre, Boluarte se convirtió, con el aval de 122 congresistas, en la cuarta persona en el cargo presidencial en ser vacada en los últimos 25 años. Igual como antes lo fueron Alberto Fujimori (2000), Martín Vizcarra (2020) y Pedro Castillo (2022). Un hecho penoso en un país que, además, tiene actualmente a cuatro mandatarios tras las rejas.
INCAPACIDAD MORAL
Pero antes de esa madrugada del viernes 10 mucha agua corrió bajo el puente. Boluarte insistió a lo largo del año, una y otra vez, en vendernos la imagen de una mujer empoderada políticamente pese a su cada vez más esquivo apoyo ciudadano, que se diluyó hasta caer a un magro 3% (Encuesta Ipsos, septiembre 2025), todo un récord histórico en el nivel de aprobación a un mandatario.
Gracias a las bancadas de Alianza Para el Progreso —que, todo indica, habría canjeado su apoyo a cambio de ministerios y puestos en el Ejecutivo a todo nivel— y de Fuerza Popular —que junto con el partido de César Acuña bloqueó interpelaciones y censuras, denuncias constitucionales e investigaciones fiscales—, la exmandataria gobernó prácticamente aislada y, lo que es peor, sin rendir cuentas ni al Congreso, ni a la población, ni al Ministerio Público, y menos a la prensa.
Siguió rodeándose de personas ineptas, de impresentables como Juan José Santiváñez, su ministro del Interior censurado en marzo de este año por su manifiesta incapacidad para enfrentar la creciente ola de criminalidad, y al que repuso en el gabinete ya como titular de Justicia cinco meses después burlándose del control político parlamentario.
Además, la resguardaron un sinfín de ayayeros, cada cual más lisonjero que el otro. Ahí la lista de los Quero, Arana, Vásquez, Urteaga, a estas alturas, resulta tan larga como determinante a la hora de graficar el nivel de desconexión de la presidenta y del gobierno en general con las demandas ciudadanas de mejores servicios, políticas públicas y lucha frente al avance desbordante de la inseguridad ciudadana, traducida en asaltos, extorsiones, sicariato y asesinatos, entre otros.
Afortunadamente, no ocurrió lo mismo en el campo económico, que sí mostró indicadores positivos gracias al manejo impecable de la política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva, logro que Boluarte trató también, sin sonrojo ni vergüenza, de atribuirse en más de una ocasión.
PUNTO DE QUIEBRE
El 9 de octubre, el atentado contra la orquesta de cumbia Agua Marina, en pleno concierto en Chorrillos, fue el punto de quiebre y el detonante para la caída de Boluarte. Siete meses antes, en marzo, el vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, Paul Flores, había sido asesinado en medio de un ataque armado contra el bus que lo trasladaba junto a su grupo.
En el ínterin no faltaron los ataques de extorsionadores a empresas de transporte público, las amenazas contra colegios, que se vieron obligados a suspender clases, las marchas ciudadanas reclamando seguridad.
Pero fue el ataque contra Agua Marina lo que empujó finalmente a los congresistas a aprobar la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral, asumiendo en su reemplazo José Jerí, entonces presidente del Congreso e integrante de una bancada de apenas 10 miembros de un total de 130.
RESPIRO GUBERNAMENTAL
El cambio, no hay duda, le dio un respiro al Ejecutivo, y de algún modo también al país en estos dos últimos meses del año. El legislador de Somos Perú —que arrancó su gestión con 45% de aprobación en octubre, subió a 47% en noviembre, pero bajó a 42% en diciembre, según Ipsos— parece haber sintonizado con la ciudadanía, sobre todo con el electorado joven, que habría visto con agrado, y quizás también con esperanza, su involucramiento en las acciones de gobierno, principalmente en las relacionadas con la seguridad ciudadana —redadas policiales, operativos en penales y otros—, lo que contrasta con la apatía e indiferencia que exhibió sin reservas Boluarte hasta el día en que la expectoraron de Palacio de Gobierno, donde su última actividad fue un mensaje a la nación del que no queda mayor registro.
Queda por ver, sin embargo, si esta química de Jerí con la población se mantendrá en el tiempo o seguirá en descenso; también cuál será su postura respecto de otros temas, como la minería ilegal, y si hay compromiso o no para sacar adelante la esperada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, Ley MAPE.
Más aún cuando en su bancada no son pocos los parlamentarios que han avalado abiertamente los reclamos de los mineros informales que se han infiltrado en partidos como Juntos por el Perú, Podemos Perú, Renovación Popular y Perú Libre —tal como lo ha denunciado Perú21—, precisamente en el año previo a un proceso electoral sumamente complejo debido a la avalancha de agrupaciones y candidatos, algunos de los cuales no tienen pudor en lanzar todo tipo de propuestas populistas y desconectadas con la realidad.
FISCALÍA, TIERRA DE NADIE
A diferencia de lo ocurrido en el Ejecutivo, donde sí no hubo pausa ni respiro en 2025 —y, por el contrario, se profundizaron las rencillas— fue en el Ministerio Público. Su titular, Delia Espinoza, quien asumió el cargo apenas en noviembre del año pasado, fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia en septiembre, y luego de marchas y contramarchas, órdenes de reincorporación y procesos legislativos exprés, pesan ahora en su contra dos inhabilitaciones para ejercer cargo público por un periodo de 10 años. En su ausencia, la conducción de la Fiscalía ha quedado en manos de Tomás Gálvez, quien es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Gálvez viene allanando el camino para ser elegido fiscal titular al frente del Ministerio Público y también para desactivar los equipos especiales, como el de Lava Jato.
Mientras tanto, estos vaivenes en el sistema son aprovechados por quienes deben someterse a la justicia, como Vladimir Cerrón, quien tiene ya 801 días en la clandestinidad y una orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra —lo que no le ha impedido mantener una presencia mediática constante y hasta postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2026—, o como el excongresista Michael Urtecho, sentenciado a 22 años y 5 meses de cárcel por ‘mochasueldos’ y prófugo desde hace 418 días. Ambos son, quizás, la mejor expresión de impunidad a vista y paciencia de las autoridades, para impotencia de la población.
El último Parlamento unicameral para el olvido
Si algo grafica la decadencia del actual Congreso es, sin duda, la imagen de la congresista Lucinda Vásquez —ex Perú Libre y hoy integrante de la bancada Juntos por el Perú— sentada en uno de los sillones de su despacho con la pierna izquierda en alto, y su asesor Edward Rengifo Pezo cortándole las uñas de los pies en plena jornada laboral.
La indignante escena, sin embargo —todo indica—, solo pasará a engrosar el abultado legajo de inconductas y comportamiento casi delincuencial de algunos legisladores. A más de dos meses de conocido el hecho, el caso sigue en la congeladora de la Comisión de Ética Parlamentaria. Lo mismo ocurre con el que involucra a Kira Alcarraz por amenazar a una periodista con “estamparla contra la pared”.
En el tintero del Pleno, en tanto, han quedado los tres informes de Ética que recomendaban suspender en sus funciones sin goce de haber, por periodos que fluctúan entre los 60 y 120 días, a los congresistas Raúl Doroteo (No Agrupado), María Agüero (Perú Libre) y Darwin Espinoza (Podemos Perú). Y nadie dice nada.
DE CAPA CAÍDA
El Congreso inició el año arrastrando todavía el escándalo desatado en diciembre por el asesinato de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal, las versiones de la presunta existencia de una red de proxenetismo en el seno del Legislativo y una aprobación de apenas un dígito —7% según la encuesta de enero de Ipsos— que cayó hasta un 5% en septiembre.
La vacancia de Dina Boluarte y su reemplazo por José Jerí, el 10 de octubre, sin embargo, le dio un respiro que se tradujo en nada menos que un 19% de aprobación. El estudio de Ipsos —realizado apenas dos semanas después de la caída de la exsocia política del golpista Pedro Castillo— evidenció que, por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía consideraba que el Parlamento actuaba en sintonía con ella.
IMPUNIDAD Y BLINDAJE
No lo hizo a lo largo de 2025. Lo que imperó más bien en el Legislativo fueron el blindaje, la impunidad, el ausentismo disfrazado de virtualidad y la corroboración de que “otorongo no come otorongo”, la aprobación de leyes que calzaron a la medida exacta de los intereses de sus promotores y de otras más que jugaron a favor de la criminalidad, las economías ilegales y la inseguridad ciudadana.
Pese a las advertencias y críticas, el Pleno le dio luz verde a varias normas denominadas procrimen, como la que modificó el proceso de colaboración eficaz; otra que aceleró los plazos para la prescripción de delitos, o aquella que modificó la tipificación de organización criminal. Como cereza del pastel —y casi ya en vísperas de finalizar 2025—, amplió por un año más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Para beneplácito de la minería ilegal.
En este año que llega a su fin, en el Legislativo se multiplicaron también las denuncias periodísticas y constitucionales de la Fiscalía de la Nación contra un sinnúmero de congresistas, ya sea por el recorte de sueldos a sus trabajadores, el uso del personal para tareas ajenas a las congresales o la comisión de presuntos delitos de corrupción. Igualmente, se fortalecieron Los Niños, que llegaron hasta la Mesa Directiva con Ilich López en la tercera vicepresidencia y a la presidencia de la Comisión de Fiscalización con Elvis Vergara.
A este Congreso para el olvido le quedan por delante poco más de seis meses de gestión y, lamentablemente, la experiencia nos enseña que no hay ni habrá mea culpa; menos, propósito de enmienda.
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