El fatal accidente ocurrido la madrugada del 15 de enero en la Panamericana Sur continúa generando cuestionamientos a la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Los dos trabajadores fallecidos tras el impacto de un tráiler contra vehículos de Emape no contaban con contrato ni orden de servicio formal al momento de la tragedia, según reveló el dominical Punto Final.
El siniestro se registró a la altura del kilómetro 17 de la referida vía, donde un grupo de trabajadores realizaba labores de limpieza. El violento choque dejó más de ocho heridos y cobró la vida de Wilfredo Rosales, de 50 años, y Jessica Colachagua, de 32, quienes cumplían funciones para la empresa municipal sin respaldo contractual vigente.
Pese a ello, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció públicamente tras el accidente para expresar su solidaridad con las familias de las víctimas, rendirles un homenaje póstumo y declarar a la Municipalidad de Lima en duelo institucional, lo que derivó en la cancelación de la serenata por el aniversario de la ciudad.
La situación laboral de Jessica Colachagua expuso con mayor crudeza la precariedad denunciada. Su pareja declaró que ella llevaba solo dos días trabajando y que su modalidad era informal. “Día trabajado, día pagado. No tenía contrato ni seguridad de pertenecer a ninguna entidad”, relató al programa dominical.
De acuerdo con el reportaje, el caso de Jessica refleja la realidad de cerca de 200 trabajadores que anteriormente pertenecían a Rutas de Lima y que, tras el traspaso de la concesión, fueron incorporados por Emape bajo la modalidad de locadores de servicios, sin ser reconocidos como trabajadores municipales formales, pese a desempeñar labores de riesgo en la vía pública.
Consultado por el programa periodístico, el presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes, admitió que las órdenes de servicio se estaban firmando después del accidente, aunque sostuvo que existía un vínculo previo con la empresa.
“Se está regularizando un vínculo contractual que comenzó desde el primer día de la prestación del servicio”, explicó, atribuyendo el retraso a los plazos legales de contratación.
No obstante, las revelaciones no se limitaron a la falta de contratos. Punto Final informó que los propios trabajadores asumían el pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), pese a que inicialmente se indicó que este seguro había sido gestionado por Emape. Esta información fue posteriormente confirmada por el área de comunicaciones de la empresa municipal.
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