Durante el Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), su presidenta, Julia Torreblanca, puso reparos a las propuestas para el sector minero que contienen los planes de gobierno de Juntos por el Perú (JP) y Fuerza Popular (FP).
La vocera cuestionó, por ejemplo, la propuesta de JP de crear el impuesto a las sobreganancias a la minería, que cada cinco años vuelve a ser puesta sobre la mesa por algunos candidatos presidenciales.
Refirió que, en el 2011, cuando en el gobierno de Ollanta Humala se modificó el esquema impositivo al sector, creando el Impuesto Especial a la Minería, ya la industria nacional estaba al límite de su carga tributaria, la cual la hacía menos competitiva frente a otros países.
SNMPE observa planes de gobierno y reclama soluciones para gasto público e inversión Foto: GEC Archivo.
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Carga laboral más rígida
Agregó que las empresas del ramo no solo tenían una mayor carga tributaria entonces, sino normas laborales mucho más rígidas que la mayoría de países, no solo en la región, sino en el mundo. Esto los lleva a tener obligaciones adicionales.
“Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es atraer más inversiones, sin ponerle la soga al cuello a las empresas y esa es nuestra primera respuesta a la propuesta de crear un impuesto a las sobreganancias”, aseveró.
Pago directo no es la mejor solución
Igualmente, se refirió al planteamiento de Fuerza Popular de redirigir, por ejemplo, un 40% del canon minero, en forma directa, a las comunidades asentadas en las zonas de influencia de la minería.
Torreblanca consideró que ofrecer pago en efectivo a las comunidades no es la mejor solución con miras a mejorar la relación entre ambas partes, pues podrían destinarse esos recursos a fines no necesariamente urgentes para las familias.
“Lo que debería estar en el plan de gobierno de ambos candidatos es cómo van a reformar al Estado para que estos recursos que generamos las empresas minero-energéticas puedan llegar, en forma efectiva, a las familias de cada comunidad del territorio peruano”, anotó.
Subrayó que esa llegada del Estado no debe ser en forma de dinero en efectivo, sino mediante óptimos servicios de salud, saneamiento, agua potable, combate de la anemia, escuelas bien equipadas, maestros bien preparados y médicos disponibles las 24 horas para una población que lo necesita.
Remarcó que esa propuesta no la ha encontrado en los planes de gobierno de ninguno de los candidatos que van a disputar el balotaje final de las elecciones y que espera escucharlas en el debate que sostendrán el próximo domingo.
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Incapacidad de gasto
“En lugar de estar pensando en reformular lo que ya funciona, de añadir impuestos o de pagar el canon en efectivo, deben decirnos cómo van a hacer su trabajo las autoridades nacionales y las subnacionales, para gastar bien el dinero que reciben de la minería”, puntualizó.
Refirió que son miles de millones de soles los que están disponibles actualmente y que no están llegando a la población por la ineficiencia que tienen esas autoridades, por la falta de priorización de proyectos.
Además, remarcó que dichas autoridades subnacionales no están logrando captar al personal técnico necesario para poder materializar carreteras y puentes, registrándose paralizaciones hasta por más de 15 años en algunas regiones.
En general, Torreblanca indicó que existen más de 2,000 obras frenadas a nivel nacional por mala ejecución de las municipalidades y gobiernos regionales.
SNMPE observa planes de gobierno y reclama soluciones para gasto público e inversión Foto: GEC Archivo.
Pide priorizar Ley MAPE
De otro lado, la titular de la SNMPE pidió a quien asuma el nuevo gobierno, el próximo 28 de julio priorizar la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que está pendiente de discutir y aprobar en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Remarcó que esa norma debe ser realmente “amigable” con el sector de la pequeña minería y la artesanal, permitir la incorporación de tecnología a ese segmento de la industria y, con la debida supervisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem), dar inicio a sus actividades.
Eso, anotó, permitirá que finalmente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pueda llegar a su fin, de todas maneras, el 31 de diciembre del 2026.
Pide frenar alta rotación de funcionarios
Otro aspecto a resolver en el próximo gobierno, remarcó Torreblanca, es modernizar al Estado, empezando por poner fin a la alta rotación de funcionarios públicos. Esto lo consideró como el origen de muchos de los problemas que aquejan al sector minero-energético.
Además, recordó que los últimos cinco ministros de Energía y Minas ofrecieron al sector agilizar el proceso de aprobación de los proyectos de exploración minera, pero hasta ahora no se han dado avances.
Citó, por ejemplo, que aún siguen esperando la aprobación, por parte del Gobierno, de un reglamento que debía haber ampliado el número de perforaciones exploratorias para que se hagan solamente con declaraciones de impacto ambiental (DIA) y no con estudios de impacto ambiental.
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