El puerto de Chancay mueve carga y también un debate sobre los límites de la intervención del Estado; en especial del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
La preocupación de fondo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es el impacto que esta eventual “competencia” podría tener sobre el dinero previsto para una segunda etapa de inversión. ¿Cuál es el argumento?
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¿Seguridad jurídica en juego?
En detalle, Raúl Barrios, presidente del gremio, y Carlos Posada, director institucional, enfatizaron que el puerto de Chancay es una inversión privada y no una concesión del Estado. Es decir, a diferencia de otros puertos que operan bajo contratos de concesión que requieren de la vigilancia del Ositrán, la megaobra fue edificada con capital propio.
Al respecto, señalaron que interferir debilitaría la seguridad jurídica del Perú a nivel internacional.
“No sé qué va a supervisar [el Ositrán] porque como es un puerto privado, ellos pueden invertir en lo que deseen; y si quieren, invierten más. Los precios son libres para el puerto de Chancay”, indicó Barrios.
“El puerto de Chancay tiene las máquinas de rayos X para ver lo que llega y lo que sale. O sea, para que no haya drogas o armas, que no lo tiene el puerto de Callao. Está más controlado”, añadió.
Posada, por su parte, aclaró que la Cámara no se opone a la presencia del Estado, sino a que este dicte cómo manejar el negocio. Además, recordó que el Estado sí está presente a través de instituciones como Aduanas, Sunat y Senasa, por ejemplo, pero por la naturaleza de su actividad.
La CCL sostiene que Chancay, al ser un puerto privado, no debería estar sujeto al esquema de supervisión de Ositrán aplicado a las concesiones estatales. (Foto: Andina)
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Disputa en el radar
Los voceros de la CCL también pusieron sobre la mesa el hecho de que este intento de intervención se perciba como un “maltrato al inversor”, lo que podría poner en riesgo la segunda etapa de inversión (CIFRA).
“Hay preocupación porque hace que los chinos no quieran seguir con la inversión de la segunda parte. Han invertido US$ 1,500 millones y falta la segunda parte, que son US$ 1,500 millones más. Hay un maltrato al inversor”, señaló Barrios.
El gremio también contó que, en una reciente reunión, le ha solicitado a la Embajada China una reducción en las tarifas de manipulación de contenedores. Actualmente, precisó, se registran en US$ 800, una cifra superior a los US$ 400 de Chile o Ecuador.
