A pocos días de iniciar funciones al frente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera hizo públicas una serie de irregularidades administrativas que, según indicó, comprometen seriamente el correcto funcionamiento del organismo constitucional encargado de supervisar a jueces y fiscales.
En declaraciones a TV Perú, la titular de la JNJ detalló que estos hallazgos se produjeron durante su gestión previa como presidente de la Comisión de Procesos Disciplinarios.
Cabrera sostuvo que, al asumir responsabilidades dentro de dicha comisión, pudo identificar un desorden estructural marcado por la duplicidad de funciones, la acumulación excesiva de expedientes y una deficiente atención de las denuncias presentadas por al ciudadanía.
“Dentro de la dirección, pude advertir muchas irregularidades. Se duplicaban funciones y había una gran cantidad de expedientes”, afirmó.
Uno de los aspectos más graves revelados por la presidenta de la JNJ fue la existencia de más de 36 denuncias ciudadanas que permanecieron archivadas sin ningún tipo de evaluación. Según explicó, estos casos fueron presentados en el año 2020, pero recién en 2024 la institución tomó conocimiento de su existencia, evidenciando una demora de cuatro años en su atención.
La situación, lejos de resolverse adecuadamente, terminó perjudicando a los denunciantes. Cabrera señaló que, al advertirse tardíamente estos casos, varias denuncias fueron declaradas caducas o prescritas.
“Los ciudadanos las habían presentado en el 2020 y recién después de cuatro años se dieron cuenta. ¿Y qué hacen? Unas tantas las declaran caducas, otras tantas las declaran prescritas”, cuestionó, aludiendo a una grave falta de diligencia administrativa.
NO SE EJECUTARON SANCIONES DISCIPLINARIAS
Durante su revisión interna, la magistrada también detectó casos en los que las sanciones disciplinarias no se ejecutaron pese a existir resoluciones firmes. En particular, mencionó dos procedimientos en los que se había dispuesto la destitución de magistrados, una medida que debía aplicarse de manera inmediata. Sin embargo, ello nunca ocurrió.
“¿Qué pasó? Aquí sencillamente nada. Esos magistrados siguieron trabajando”, relató Cabrera, subrayando que la inacción frente a decisiones ya adoptadas representa una seria afectación a la credibilidad y autoridad de la Junta Nacional de Justicia.
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