El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que el Ejecutivo solo suscribirá la autógrafa de ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aprobada este miércoles por la Comisión Permanente del Congreso solo si esta se ajusta al planteamiento del Gobierno: una prórroga limitada a un año y sin abrir la puerta al reingreso de los cerca de 50 mil mineros que fueron excluidos del proceso de formalización.
“El Ejecutivo, desde un primer momento, tuvo el planteamiento que se alcanzó al Congreso, para efectos de que no se mantenga una línea cerrada, porque hay una minería artesanal e informal que sí quiere formalizarse”, señaló el premier.
Álvarez rechazó las versiones sobre la falta de una posición firme y clara por parte del Gobierno sobre este tema calificándolas de “desinformación” y asegurando que el Ejecutivo fue consistente desde el inicio de conversaciones con el Congreso.
Para el titular de la PCM el Estado no puede legitimar actividades ilegales de mineros que pretenden usufructuar sin derecho alguno ni legitimidad, territorios que no les pertenecen.
El dictamen aprobado por la Comisión Permanente tuvo el respaldo de 13 congresistas, mientras que cuatro votaron en contra y dos se abstuvieron. El debate transcurrió sin mayores sobresaltos y felizmente no hubo sorpresas desagradables en el texto sustitutorio, pues la norma aprobada ratifica también la exclusión del proceso de más de 50,000 mineros informales que hoy se encuentran en situación ilegal.
Precisamente este punto y la reducción de la extensión del Reinfo de dos años a uno van en la línea propuesta por el Ejecutivo en el oficio que envió al Congreso y que consideró innegociables.
El Pleno acogió este planteamiento en su sesión del 4 de diciembre y la decisión alcanzada el miércoles por la Comisión Permanente deja la puerta abierta para que el presidente José Jerí promulgue la norma.
En su momento, tras su aprobación en el Pleno, el jefe de Estado señaló estar “preliminarmente conforme” con el dictamen en primera votación.
Según el artículo 108 de la Constitución, el mandatario tendrá 15 días útiles para aprobar la ley luego de recibir el documento que le enviará el Congreso.
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