Se acercan las elecciones y con ello se van conociendo los nombres de los diferentes candidatos que se postularán para ser senadores y diputados en el Congreso. Sin embargo, la revelación de los nombres también pone en evidencia el pasado de muchos postulantes, cuyos perfiles, en muchos casos, están marcados por antecedentes penales y denuncias.
El perfil de estos candidatos es importante, pero también hay que tomar en cuenta cuáles son los partidos que, en lugar de filtrar a sus participantes, dejan pasar estas alertas y les permiten un puesto en sus organizaciones políticas, haciéndolos responsables de llevar al Congreso y presidencia a personajes cuestionables.
El partido que hasta el momento tiene más candidatos con sentencias penales es nada más y nada menos que Podemos Perú de José Luna Gálvez, que encabeza la lista con 19 postulantes con pasado polémico, según RPP.
Uno de ellos es, por ejemplo, José Farro Coronado, candidato a la Cámara de Diputados con el número 1 por Áncash. A Farro lo condenaron en 2022 por el delito de usurpación y cuenta con una pena suspendida de tres años y cuatro meses de cárcel, la misma que figura como cumplida según información declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Perú21 no solo encontró dicha denuncia, sino también otra investigación en su contra donde habría cometido el delito de colusión agravada tras ser parte de un megafraude que direccionó siete obras de mantenimiento de caminos vecinales en Yungay, Áncash, aprovechando el decreto de urgencia que se emitió durante la pandemia del COVID-19. El monto fue de S/10,333,275.99.
Respecto a esto, el especialista en temas electorales, José Naurapi, dijo a Perú21 que hay que diferenciar entre candidatos. Si una persona tiene una sentencia condenatoria por delito doloso (sea en primera instancia o con calidad de cosa juzgada) que esté vigente, esa persona no puede postular.
En estos casos, si se identifica una sentencia vigente, la candidatura debería ser declarada improcedente. El especialista precisó que el sistema de interoperabilidad del JNE solía lanzar una alerta sobre sentencias vigentes, lo que constituye un filtro directo de responsabilidad.
Si la persona tuvo una sentencia por delito doloso, pero ya cumplió su condena y se rehabilitó, la regla general es que no existe impedimento legal para postular. Esto es compatible con la finalidad constitucional de la pena, que es la rehabilitación.
El experto aclaró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no puede actuar más allá de lo establecido en la Constitución y las leyes. Por lo tanto, el JNE no puede, a través de reglamentos, imponer más impedimentos que los ya establecidos legalmente. Incluso recordó que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el impedimento permanente para delitos graves como el terrorismo, en aras de respetar la rehabilitación.
El especialista lamentó que estos filtros no hayan sido planteados por Podemos Perú ni por otras agrupaciones que se encuentren en situaciones similares. Naupari concluyó que, ante la incapacidad del JNE de colocar más impedimentos, lo que corresponde es optimizar el principio de transparencia, de modo que la ciudadanía pueda conocer qué candidatos fueron sentenciados, pese a que ya se hayan rehabilitado.
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