No fue una, sino dos las ocasiones en que un juzgado ordenó a José Jerí, entonces presidente de la república encargado, someterse a un “tratamiento psicológico por temas de agresividad, control de impulso e ira, además de una evaluación por patología psicosexual”.
La noche del domingo en una entrevista en Panamericana Televisión, Jerí insinuó que no había sido notificado correctamente sobre esta decisión; sin embargo, los documentos judiciales contradicen su versión.
El Juzgado Civil Permanente de Canta, a cargo del juez Atilio Machaca Gil, resolvió el 15 de enero de 2025 admitir a trámite, mediante proceso especial, la denuncia presentada por Carmen Sheyla contra Jerí y su amigo —hoy prófugo— Marco Antonio Cardoza Hurtado, por presunta violencia sexual.
La resolución se emitió en el marco de la Ley N.° 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Según la denuncia, el 29 de diciembre de 2024 la joven fue víctima de abuso sexual en una vivienda alquilada por Jerí en el distrito de Canta, a dos horas de Lima. Un mes y medio antes, el 9 de noviembre de 2024, Jerí ya había festejado su cumpleaños en el distrito de Cieneguilla junto a ministros, congresistas y la trabajadora del Congreso que a la vez ofrecía contenido sexual en Only Fans, Isabel Cajo, como él mismo lo confirmó en la entrevista.
De acuerdo con el relato, tras ingerir bebidas alcohólicas junto a los imputados, la víctima quedó inconsciente y, en ese estado, fue agredida sexualmente. Al recuperar la conciencia, presentaba signos físicos compatibles con abuso, corroborados por el certificado médico legal.
Ante la gravedad del caso y en aplicación de los principios de intervención inmediata, sencillez y oralidad, el juzgado decidió prescindir de la audiencia inicial y dictó de manera inmediata medidas de protección a favor de la denunciante.
La primera medida fue ordenar a Jerí someterse a tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica, tal como consta en documentos difundidos previamente por este medio. Pese a ello, el entonces mandatario no cumplió con lo dispuesto.
Segunda orden judicial
El 29 de enero de 2025, durante una audiencia de ejecución de medidas de protección dirigida por la jueza Roxana Becerra Urbina, se dictó una segunda orden.
Los denunciados Jerí y Cardoza confirmaron haber recibido la notificación, pero no se presentaron a la cita.
Por ello, la magistrada Becerra reiteró la orden para que Jerí se sometiera al tratamiento psicológico y a la evaluación por patología psicosexual.
Ante la inasistencia de más de cinco meses al tratamiento, la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza dispuso en julio abrir una instrucción por resistencia y desobediencia a la autoridad contra el congresista. Sin embargo, en agosto de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia, dirigida por el actual fiscal de la Nación Tomás Gálvez, archivó de manera definitiva la denuncia por presunta violación sexual contra Jerí, dando por concluida la causa en su contra.
El órgano fiscal ordenó, además, remitir los actuados correspondientes a Marco Cardoza a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, para que prosiguiera con las investigaciones en su contra.
ESTA FUE LA CASA DONDE SUCEDIERON LOS LAMENTABLES HECHOS
Pretensión amorosa
Durante la investigación, la víctima relató que Jerí la había pretendido amorosamente meses antes. Según el documento del Ministerio Público, en septiembre de 2024 el congresista intentó acercarse a ella con insinuaciones amorosas en un restaurante de Lima, situación que fue rechazada por la joven.
En su denuncia, Carmen Sheyla recordó que la tarde del 29 de enero de 2025, Jerí sacó dos botellas de pisco y lo último que pudo evocar fue la imagen de su cuerpo inconsciente en una cama, mientras un hombre —no identificado— salía de la habitación. A su lado, permanecía un polo húmedo del ahora presidente encargado.
En la entrevista en Panamericana Televisión, Jerí dijo que el juzgado no era competente y tomó diferentes medidas pero que por su naturaleza de congresista debió ser otra instancia la que debió ordenar las medidas de protección y que además hubo “un embrollo legal” sobre si le llegó o no la notificación.
