Lo que empezó como un trámite municipal terminó en una condena firme por corrupción. La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte logró que se confirme la sentencia, en segunda instancia, contra el exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, y otros cuatro exfuncionarios por favorecer indebidamente un proyecto inmobiliario de gran envergadura.
En efecto, el despacho a cargo de la fiscal superior María del Carmen Ruiz Hurtado consiguió que se ratifique la condena de cuatro años de pena privativa de libertad contra Saldaña —quien actualmente milita en Podemos de José Luna— por el delito de negociación incompatible, en agravio de la Municipalidad Distrital de Comas.
Junto a Saldaña también fueron sentenciados, en segunda instancia, Jorge Ávalos, exsubgerente de Planeamiento Urbano; Juan Amésquita, exsubgerente de Obras Privadas; así como Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exservidores municipales, todos con la misma pena de cuatro años y por el mismo delito (negociación incompatible).
Esta información fue confirmada por la propia Fiscalía a través de una publicación en sus redes sociales.
🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Superior anticorrupción de Lima Norte logró que se confirme, en segunda instancia, la condena para Miguel Saldaña, exalcalde de Comas, por el delito de negociación incompatible, luego de que su gestión aprobara la construcción de un centro comercial que no… pic.twitter.com/3eb6avqTrW
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 29, 2026
En ese contexto, la sentencia en primera instancia se dictó en septiembre de 2025, luego de una investigación realizada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Segundo Despacho).
El caso comenzó en 2017
La condena inicial fue finalmente convertida en 156 jornadas de trabajo comunitario por decisión del Poder Judicial. Además, los sentenciados fueron inhabilitados por cinco años para ejercer cualquier cargo público y deberán pagar, de manera solidaria, S/ 25 000 como reparación civil al Estado por los perjuicios ocasionados.
Las responsabilidades quedaron claramente delimitadas en el proceso. Miguel Saldaña omitió ejercer el control correspondiente sobre los trámites; Jorge Ávalos firmó la aprobación de la habilitación urbana; Juan Amésquita autorizó la licencia de edificación; y Lourdes Sánchez y Alejandro Odar elaboraron los informes técnicos que favorecieron el proyecto.
Durante el procedimiento también se estableció que la empresa entregó 200 toneladas de rocas a la municipalidad para obras de prevención en el río Chillón, hecho que evidenció la existencia de un interés indebido que comprometió la transparencia del trámite administrativo.
Asimismo, la fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrapano Collantes demostró que el entonces alcalde distrital y los otros cuatro funcionarios municipales aprobaron la solicitud sin exigir los estudios de impacto ambiental y vial, pese a que la normativa los establece como obligatorios.
Los hechos se remontan al año 2017, cuando la empresa Mall Plaza Inmobiliaria S.A. solicitó la habilitación urbana para uso comercial y la licencia de edificación del centro comercial Mall Plaza Comas, buscando un trámite acelerado y favorable.
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