Han pasado más de 4 meses desde que el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte y declaró su incapacidad moral permanente.
Debido a ello el congresista Segundo Montalvo,miembro de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, ha oficiado al fiscal de la nación interino Tomás Gálvez para que le informe sobre el «estado situacional y procesal» de las carpetas fiscales que se abrieron contra la ex mandataria y otros funcionarios por dos casos específicos: las muertes y lesiones en las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 y el denominado caso Rolex que implica a Boluarte en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado, cohecho pasivo impropio y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Sobre este último caso, Montalvo recordó que la investigación preliminar habría concluido el 17 de enero del año pasado habiéndose determinado un presunto incremento patrimonial injustificado de Boluarte, la adquisición de joyas por un valor aproximado de US$ 162,250, incrementos injustificados en cuentas bancarias por S/58,699.97 y depósitos de origen desconocido por S/4,082.70.
Asimismo, señaló que se habría determinado la recepción de tres relojes de la marca Rolex por parte del gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, pese a lo cual —dijo— la investigación sobre este caso atraviesa un proceso lento «situación que amerita que se le brinde la celeridad procesal» que corresponde.
Como se recuerda, estas investigaciones quedaron en suspenso al amparo de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dispuso la suspensión de las investigaciones contra la mandataria sin que ello implique que los actos de investigación y las pruebas obtenidas sean anuladas. Por el contrario, la resolución estableció que todo ello se mantendría en compás de espera hasta que el Ministerio Público pudiera continuar con el proceso penal al término del mandato de Boluarte.
Ello debido a que según el artículo 117º de la Constitución, un presidente no puede ser acusado por acciones que no están contempladas en dicho artículo.
Agregó el TC que una vez culminado el mandato presidencial de Boluarte, el Congreso tendría que levantarle la inmunidad presidencial para que se le pueda acusar penalmente.
Sin investidura presidencial
En el oficio remitido por Montalvo al fiscal de la nación se precisa que Dina Ercilia Boluarte Zegarra dejó el cargo de presidenta de la República el 10 de octubre de 2022 tras ser vacada por el Parlamento y que el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la suspensión de las investigaciones fue emitido en atención a la investidura presidencial la cual ya no ostenta la investigada.
En esa línea, el legislador pidió a Tomás Gálvez que garantice la continuidad de las investigaciones fiscales contra Boluarte y celeridad en las indagaciones, señalando que «se corre el riesgo de que con el tiempo se pueda comprometer la eficacia de los medios probatorios, afectar la memoria de los testigos y poner en riesgo la administración de justicia».
Además, subrayó que en este momento «ya no hay impedimento constitucional para que se haya un pleno ejercicio de la acción penal en su contra».
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