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El Ejecutivo modificó las reglas sobre primeros auxilios en establecimientos abiertos al público con el objetivo de aclarar qué obligaciones deben cumplir realmente los negocios. La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 004-2026-SA, corrige una situación en la que el reglamento vigente había incorporado exigencias que no estaban previstas en la ley.
Durante años, esta diferencia generó que muchos establecimientos —desde tiendas hasta restaurantes— enfrentaran requisitos más estrictos de los que correspondían, lo que no solo generaba confusión, sino también mayores costos de cumplimiento.
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La diferencia entre lo que dice la ley y lo que se exigía
La Ley N.º 30200 establece un esquema claro: todos los establecimientos comerciales deben contar con un botiquín de primeros auxilios, pero solo los centros comerciales están obligados a implementar condiciones más completas para la atención de emergencias, como espacios adecuados, equipamiento adicional o servicios de traslado.
Sin embargo, el reglamento aprobado en 2016 había extendido parte de estas exigencias a todos los establecimientos, equiparando en la práctica a pequeños negocios con centros comerciales. Esta ampliación generaba una carga que no estaba contemplada en la norma legal.
Qué cambia con la nueva norma
Con la modificación, el Gobierno precisa que los primeros auxilios en establecimientos comerciales deben entenderse como una atención inicial frente a situaciones de riesgo inmediato. Esta intervención se limita a actuar en el momento de la emergencia, comunicarse con los servicios especializados y acompañar al afectado hasta que reciba atención médica o sea trasladado a un centro de salud.
Además, se deja claro que los primeros auxilios no constituyen atención médica, sino una respuesta básica y temporal mientras llegan los profesionales de salud.
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El impacto para los negocios
En la práctica, el cambio reduce las cargas que recaían sobre pequeños y medianos establecimientos, que ya no estarán sujetos a exigencias diseñadas para infraestructuras de mayor escala. Esto no elimina la obligación de actuar ante una emergencia, pero sí delimita su alcance a medidas razonables y acordes con la capacidad del negocio.
Al mismo tiempo, se mantiene el objetivo de garantizar una reacción inmediata frente a situaciones que pongan en riesgo la vida o salud de los consumidores.
Un ajuste necesario en términos legales
La modificación responde a un principio básico: el reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley. En este caso, el Ejecutivo corrige una sobrerregulación previa y alinea el marco normativo para evitar interpretaciones extensivas que puedan derivar en sanciones o exigencias desproporcionadas.
Con ello, se busca dar mayor claridad a los agentes económicos y asegurar que las obligaciones en materia de salud y seguridad se apliquen de manera proporcional.
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