Con la foto de su hija Joshueny Muñoz Bravo, a quien recuerda como una joven estudiosa, responsable y muy alegre, Pablo Muñoz Cordero no deja de alzar su voz en busca de justicia en los exteriores de sedes fiscales y judiciales, en marchas contra la violencia hacia la mujer y en cada oportunidad que pueda hacerlo.
Han pasado casi 7 años desde que le arrebataron “una parte de su vida”, desde que a su hija la asesinaron en el cuarto que alquilaba en Chorrillos, y hasta ahora no se ha identificado a ningún responsable. El caso, incluso, ha sido archivado.
“En la justicia divina todos vamos a pagar, pero yo acá en la tierra quiero tener justicia para que mi hija descanse en paz. Y que (se) sepa que su padre ha agotado todo el esfuerzo para saber quiénes fueron las personas que le hicieron ese daño”, dice Don Pablo a OJO.
PROCESO. El 11 de diciembre del 2019, día en que hallaron el cuerpo de Joshueny con signos de asfixia y golpes, fue la última vez que padre e hija conversaron. “Ella me dio la respuesta de siempre: ‘papi, estoy bien en mi cuarto’”. Horas después manos extrañas le quitaron la vida.
En medio del dolor por su pérdida, Don Pablo tuvo que iniciar su lucha para obtener justicia. Primero acudió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con la esperanza de que lo apoyen en el proceso legal, pero con el tiempo solo vio desinterés. Luego, acudió a un abogado privado y, otra vez, le fallaron.
Volvió al MIMP pues habían cambiado de personal, pero el caso ya había sido archivado, pese a que el fiscal a cargo no realizó una investigación profunda. Por eso, Don Pablo exige hoy que el proceso se reabra.
“Cuántas personas en el Día del Padre van a pasar felices con todos sus hijos, contándose anécdotas, historias, alegrías. Y yo, al sentarme en mi mesa, voy a tener que sufrir que algo falte en mí (…). No es fácil, por eso, les digo a los fiscales que hay muchas víctimas, no solo mi hija, que necesitan tener justicia”, añade.
OJO AL DATO. A Don Pablo hoy lo ayudan en su búsqueda de justicia la ONG Manuela Ramos y el colectivo Familias Unidas por Justicia.
