Si por algo vamos a recordar a este Congreso de impresentables, es que definitivamente —y por largo— este es el peor periodo congresal de toda la historia republicana de nuestro país. Un Congreso lleno de delincuentes, procesados por delitos graves, ha tomado por asalto instituciones claves que sostienen la democracia en contubernio con los líderes de los partidos políticos que representan, porque a eso se han dedicado. Han degradado la función congresal y han mancillado la majestad del Congreso de la República, aprobando leyes procrimen que nos han llevado a este espiral de violencia que vivimos día a día, porque han empoderado al crimen organizado, todo para encubrir sus delitos.
Han utilizado el poder del Congreso para una persecución implacable contra sus adversarios políticos, inventando acusaciones constitucionales a cualquiera que se atreva a cuestionar a estos delincuentes de cuello y corbata. Atentan contra la propia institucionalidad del Parlamento, porque el poder del “Control Político” es una función que tiene un procedimiento escrupuloso, más aún cuando se trata de juicios políticos, donde se tiene que seguir el debido proceso y ponderar las denuncias enmarcadas al marco legal vigente.
En este periodo parlamentario, se ha violentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Permanente y hasta en el Pleno esta función congresal, blindando a sus amigos y allegados en casos emblemáticos de corrupción e infracción constitucional, con una carga de prueba incriminatoria imposible de soslayar. A la par han maquillado y distorsionado “acusaciones constitucionales” para inventar cualquier figura amañada de acusación y buscar la sanción máxima de 10 años de inhabilitación, aunque en realidad lo que buscan es anular a cualquiera que se oponga a todo este desmadre que están haciendo con el Congreso.
La última barrabasada, que ha significado que varios impresentables tengan el cinismo de publicar y festejar como si fuera un logro, es supuestamente la aprobación del informe de la Comisión parlamentaria direccionada para revisar el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Son tan burdos en sus conclusiones, que se olvidan de que, gracias al trabajo encomiable de los fiscales del equipo Lava Jato, se ha logrado sentenciar a tres presidentes. No mencionan que gracias a los fiscales el Perú ha podido recuperar en reparaciones civiles 2,850 millones de soles en embargos inscritos y ya se han cobrado hasta la fecha 310 millones de reparaciones civiles.
Súmenle las 31 sentencias logradas, 26 firmes y 5 de primera instancia. Se tiene además 56 condenados con sentencia firme y se suman 5 personas jurídicas sentenciadas. Entonces ahora entenderán por qué quieren sancionar a todo el equipo que ha logrado arrinconar a los delincuentes.
