El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 ha declarado inadmisible la candidatura de Mario Vizcarra al Senado por el partido Perú Primero al constatar que registra una sentencia condenatoria firme por el delito de peculado. La instancia electoral ha señalado que esta condena es un impedimento legal e inconstitucional que “no admite subsanación ni excepción”.
La organización política tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación. Este mismo candidato tiene tres tachas en su contra a su postulación presidencial por esta misa condena.
Vizcarra reconoció haber sido condenado en 2005 por peculado, señalando que la pena fue cumplida y que se encontraba rehabilitado.
Sin embargo, en su resolución sobre su candidatura al Senado, el JEE advirtió que el número de expediente consignado era incompleto, lo que inicialmente impedía verificar la información. La revisión posterior, realizada a través del Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales, confirmó que el candidato mantiene una condena firme por corrupción de funcionarios.
Con ello, el órgano electoral concluyó que Vizcarra incurre en el impedimento insubsanable previsto en el artículo 113, literal h, de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe postular a cargos de elección popular a quienes hayan sido condenados por delitos como peculado, incluso cuando hayan sido rehabilitados.
A esta restricción se suma el artículo 34-A de la Constitución, que refuerza la exclusión permanente de personas sentenciadas por corrupción del acceso a la función pública.
¿Pero esta decisión del JEE cierra prácticamente el camino electoral de Mario Vizcarra?
Aunque existe una vía procesal pendiente, el escenario de fondo sigue siendo altamente adverso para Vizcarra, según explica a Perú21 el experto en temas electorales Fernando Rodríguez.
“La norma electoral efectivamente establece que aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos de corrupción no pueden ser candidatos, aunque cuando la ley establece que esta sentencia hubiese sido emitida en el caso de que sean hayan sido cómplices y no actores principales. Entonces, la norma electoral es bastante restrictiva”. Sin embargo, en la otra mano, tienes el tema de la resocialización. Se supone que una persona que ha cumplido con su condena, ya pues se ha resocializado, ha pagado su deuda con la sociedad”.
Sobre la posición del JNE sobre este tema Rodríguez señala que hay que tener en cuenta los antecedentes del máximo ente electoral en comicios anteriores en los que ha mantenido el criterio de no dar luz verde a candidatos con este tipo de sentencias, por lo que espera que Roberto Burneo, titular del JNE respete este criterio, pues este “ya ha demostrado no tener mucha afinidad con los fallos judiciales”, recordando el caso de Unidad Popular de Duberlí Rodríguez, y el tema del cronograma electoral.
El también socio de Aklla confía en que confirme el fallo del JEE pues de lo contrario generaría un precedente peligroso.
“En todo caso, si el JNE resuelve confirmando el fallo del JEE estaría haciendo cumplir la norma electoral. Y en caso no lo haga, es decir, en caso les enmienden la plana y autorice la participación, estaría generando una jurisprudencia que le abriría la puerta a muchísima gente sentenciada por delitos iguales o peores. Esperemos que el jurado no lo haga”, dijo el especialista.
Suscríbete gratis a la Guía Gastronómica más prestigiosa del país. SUMMUM, el newsletter semanal. http://bit.ly/4imAPEI
VIDEO RECOMENDADO
