El exviceministro del Interior Ricardo Valdés hace un balance de las gestiones hechas a nivel de gobierno contra la inseguridad ciudadana en 2025. La conclusión es clara y preocupante: el crimen organizado va ganando la batalla.
¿Cómo estamos cerrando 2025 en materia de seguridad ciudadana?
Ha sido un año bastante convulso, con un crecimiento de las economías criminales, sobre todo a nivel de minería ilegal y trata de personas. Hay incremento del sicariato y las extorsiones y todo esto sazonado con una situación política muy compleja en donde, por primera vez en este siglo, con el gobierno de la señora Boluarte, hemos visto paros cuya motivación principal ha sido la inseguridad del país y concretamente los paros en el sector transporte que se han visto muy afectados por la ola de asesinatos.
Según cifras de la Policía Nacional, las extorsiones han pasado de 3,872 denuncias en 2019 a más de 22,000 en el año 2024.
Sí, el incremento de las denuncias en ese periodo es más o menos de seis a siete veces. Sin embargo, los detenidos en el INPE han tenido un incremento, entre 2018 a 2025, del 2%. Eso significa que no se ha movido la aguja a nivel de internos en el ámbito de la extorsión.
¿Y eso a qué se debe? ¿Es responsabilidad de la Policía?
Lamentablemente, se ha limitado el acceso a esa información con el gobierno de la señora Boluarte. Felizmente, contamos con los datos del Sinadef para corroborar crímenes y asesinatos. No obstante, la Policía no solo no se ha visto capacitada ni preparada, sino que no se ha visto respaldada por el Estado. La razón por la cual no hay presos es porque no estamos tomando las decisiones adecuadas como gobierno.
El presidente Jerí dijo que a partir de enero de 2026 se aplicará, para luchar contra el crimen, la teoría de “las ventanas rotas” de William Bratton. ¿A qué se refiere?
Es una política de prevención del crimen. Si yo ilumino las calles, si no dejo abandonados los vehículos, si tengo una ciudadanía que está alerta, que no ofrece ventanas por las que se pueda colar esta criminalidad común, a esto se refiere esa teoría. Si esto se llega a poner en práctica me parece fundamental, aunque eso ya está en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que iba de 2021 a 2030 y es el que tengo entendido ahora piensan modificar.
Pero, entonces, ese plan no ha servido porque vemos que la delincuencia sigue en aumento.
Este plan, en principio, debió haberlo puesto en práctica Castillo, seguirlo Boluarte y ahora Jerí. Estamos ya 2025, a medio camino y no ha dado ningún resultado, es más, buena parte de nuestras autoridades no tienen idea de que existe el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que plasma un esquema de intervención desde los barrios, donde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene instancias en lo regional, en lo provincial y en lo distrital. Todo eso ha quedado en desuso. Lo que sí se ha disparado es la criminalidad organizada, la extorsión no corre en la calle, ahí lo que uno ve es la fase final de la extorsión y además uno ni siquiera la ve porque es bajo condiciones de sorpresa, en donde es muy difícil que la Policía pueda intervenir.
Esta semana, el coronel PNP Víctor Revoredo dijo que en 27 días se desarticularon ocho bandas criminales y capturaron a 42 delincuentes.
Esas detenciones fueron como consecuencia de la inteligencia tradicional, es decir, de información proporcionada por terceros. Pero el número de extorsiones que se han acumulado es 25 mil denuncias, comparado a los 42 detenidos los resultados son muy pobres. Y todavía falta ver de qué manera se continúa con el proceso judicial para que terminen en la cárcel. Ahí está el problema, la capacidad para aplicar tecnología más allá de la inteligencia tradicional, porque la Policía no tiene recursos para identificar todos los tipos de extorsión: desde los penales, en construcción civil, a las bodegas, a las Mypes, a los grupos musicales, todo tipo de negocio.
Con respecto a la extorsión desde los penales, el Gobierno ha anunciado la desaparición del INPE para darle paso a la Superintendencia de Internamiento y Resocialización ¿Es una estrategia seria? ¿Hay cifras sobre los casos de extorsión desde las cárceles?
Los números son contradictorios. Hay fuentes que señalan que la extorsión desde los penales es el 2% del total de casos, otras indican que es el 30%. Tener una superintendencia no va a solucionar nada porque acá tenemos un serio problema de gestión. Y lo que se quiere con la superintendencia es la unificación de los centros juveniles y los penales, 69 prisiones en el país que tienen a 103 mil personas. Se requieren mucho más recursos para administrar los penales, segmentar mejor, separar a los irrecuperables a otro tipo de internamiento, pero al reo primario no lo puedo mezclar con el sujeto que ha reingresado cinco o seis veces, así estoy formando a un delincuente mayor.
¿Y la privatización de los penales es viable?
Hay una línea chiquita para la tercerización. Lo que yo haría es tercerizar el control de ingreso y salida de los penales, eso es fundamental. No puedo tener al INPE organizando la vida interna de un penal y a su vez decidiendo quién entra y quién sale y con qué.
El ataque a candidatos políticos para 2026, como a Rafael Belaunde y el asesinato de Percy Ipanaqué, ¿hemos cruzado un umbral en la inseguridad ciudadana?
Yo esperaría las investigaciones de la Policía, porque son eventos bastante extraños. El mismo Belaunde descarta la conexión con lo electoral y con las extorsiones. Pero nadie dispara a matar si se quiere secuestrar a una persona, no la hieres, nadie secuestra un muerto, si alguien quiere obtener dinero de una persona no la mata. Lo más sensato es esperar antes de decir que se ha iniciado la campaña con violencia.
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