La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró infundado el pedido fiscal para declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, por conducta antidemocrática.
El requerimiento fue formulado en septiembre último por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien concluyó que la organización política realizó «actividades contrarias a los principios democráticos» al promover «atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada».
Espinoza sostuvo que esos ataques fueron concretados a través de grupos violentistas que denunciaron «fraude en mesa», en relación a las elecciones de 2021 en las que Fujimori quedó en segundo lugar tras Pedro Castillo.
No obstante, para los jueces supremos «no se ha acreditado de manera fehaciente la existencia de un vínculo orgánico o funcional entre dichos grupos y la organización política».
Sobre el discurso del fraude, que llevó a ciudadanos a desplegar actitudes hostiles, la sala resolvió que esa fue una postura adoptada por el partido naranja como parte de su «libertad de expresión».
Además, se advirtió que FP accionó por la vía legal para impugnar las actas ante el Jurado Nacional de Elecciones.
«No resulta jurídicamente viable sancionar a un partido político por expresar o difundir ideas o interpretaciones respecto a hechos que considera relevantes para el proceso electoral», se lee en el documento emitido el 3 de diciembre al que accedió Perú21.
«La declaración de ilegalidad de un partido político no constituye una medida proporcional ni razonable, en tanto implicaría una afectación grave a los derechos fundamentales de participación política y de elección, protegidos por el orden constitucional», agrega.
En esa línea, la sala que preside el juez Ulises Yaya consideró que no se ha identificado «la existencia de violencia en el discurso ni su carácter sistemático» y que la opinión generada es propia del debate político.
«No se ha acreditado que la violencia atribuida a grupos como La Resistencia y sus facciones Los Combatientes, La Insurgencia y Los Patriotas sea directamente imputable a la organización política (Fuerza Popular) como tal, ni que el supuesto respaldo brindado por congresistas haya tenido carácter sistemático», indicó.
De esta forma, el partido fujimorista sigue en carrera para las elecciones del 2026.
Suscríbete gratis a la Guía Gastronómica más prestigiosa del país. SUMMUM, el newsletter semanal. http://bit.ly/4imAPEI
