El Gobierno reglamentó la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato, mediante la aprobación del Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.
La norma fortalece el marco legal orientado a proteger a las empresas de transporte público y de mercancías, uno de los sectores más golpeados por las organizaciones criminales, y busca garantizar la continuidad de un servicio esencial para la economía nacional, el empleo y la movilidad de millones de peruanos.
El decreto supremo dispone la implementación inmediata de acciones integrales que abarcan prevención, respuesta policial, protección a las víctimas y recuperación económica, consolidando una estrategia de Estado frente a la extorsión y el sicariato.
Entre las principales disposiciones, se refuerza el control de los flujos financieros relacionados con pagos extorsivos, bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de detectar y desarticular las redes económicas del crimen organizado.
Asimismo, se implementan mecanismos de inteligencia policial, como la elaboración de mapas delictivos georreferenciados, que permitirán identificar zonas críticas y optimizar la planificación de operativos preventivos y disuasivos.
La norma también faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a evaluar y certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente tecnologías de seguridad como cámaras de videovigilancia y botones de pánico integrados a los sistemas de comando y control policial.
Respuesta policial y protección a víctimas
Por otro lado, el decreto supremo establece el despliegue de centros de comando y patrullaje focalizado, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, articuladas con los sistemas de videovigilancia de los gobiernos locales y regionales.
También se refuerzan los mecanismos de protección a las víctimas, que incluyen la reserva de identidad, canales de orientación, botones de pánico y patrullaje focalizado, garantizando una atención oportuna e integral a quienes sufren estos delitos.
Golpe al patrimonio criminal
Como parte de la estrategia posterior al delito, la norma contempla la creación de un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral.
Además, se fortalece la extinción de dominio para afectar directamente el patrimonio de las organizaciones criminales y se crea un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, que articulará investigaciones conjuntas entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UIF.
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