Gobierno refuerza control en el penal de Lurigancho

El Gobierno ejecutó este lunes una requisa integral en los pabellones 5 y 10 del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, como parte de las acciones destinadas a reforzar el control del sistema penitenciario y enfrentar al crimen organizado.

El operativo fue encabezado por el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, junto al titular del sector Defensa, César Díaz, y contó con la participación de la presidenta encargada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez. 

Durante la requisa se incautaron armas blancas, droga, cigarrillos y proyectiles de 9 milímetros.

La intervención se realizó de manera coordinada entre personal del INPE, efectivos de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas del Perú y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que ingresaron de forma simultánea a los pabellones intervenidos.

Durante la requisa se incautaron armas blancas, droga, cigarrillos y proyectiles de 9 milímetros, estos últimos ocultos en paredes y ductos de desagüe. Todo el material decomisado fue entregado de inmediato al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Mensaje del Ejecutivo

Tras la intervención, el ministro Walter Martínez aseguró que el Estado no permitirá que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para planificar o facilitar actividades delictivas.

“La lucha contra la inseguridad ciudadana es una tarea transversal y una prioridad de este Gobierno. No vamos a tolerar que desde las cárceles se promuevan actos violentos que ponen en riesgo a la población. Esta es una intervención en el terreno, no desde un escritorio”, señaló.

El titular de Justicia subrayó que estas acciones forman parte de una política sostenida orientada a desarticular redes criminales y a recuperar plenamente el principio de autoridad dentro de los centros penitenciarios.

Desde el Ejecutivo se reiteró que los operativos de control y requisa continuarán en distintos penales del país, como parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y garantizar que los establecimientos penitenciarios permanezcan bajo control absoluto del Estado.

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