El Gobierno dio hoy un giro radical al sistema penitenciario y juvenil del país al oficializar una reingeniería total del modelo de internamiento y resocialización, mediante la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1710, publicado este miércoles en el Diario Oficial El Peruano.
La norma crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), organismo que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y asumirá la rectoría del nuevo Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
El decreto lleva las firmas del presidente José Jerí, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y marca uno de los cambios estructurales más profundos en la gestión penitenciaria de las últimas décadas.
De acuerdo con los considerandos del decreto legislativo, la decisión responde a que los actuales diseños institucionales del INPE y del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) presentan limitaciones estructurales y funcionales que han impedido una respuesta eficaz frente al incremento sostenido de la criminalidad, así como al fortalecimiento de organizaciones criminales que operan incluso desde el interior de los penales.
El Ejecutivo reconoce que estas debilidades han generado espacios propicios para la corrupción, el ingreso de bienes prohibidos y la infiltración del crimen organizado en los centros de reclusión, lo que ha deteriorado gravemente el objetivo de rehabilitación y reinserción social.
Fusión por absorción y desaparición del INPE
La norma dispone la fusión por absorción de tres entidades clave:
- el Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
- el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), y
- el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).
Todas ellas pasarán a integrarse en la nueva SUNIR, que concentrará la conducción del sistema penitenciario y juvenil bajo una sola autoridad, con autonomía administrativa, funcional y financiera, y adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).
Para llevar adelante este proceso, el decreto establece la creación de una Comisión de Transferencia, que deberá conformarse en un plazo máximo de 10 días hábiles. La fusión deberá completarse en 90 días hábiles, con la posibilidad de una prórroga adicional de 30 días.
No obstante, la norma precisa que, mientras dure el proceso de absorción, el INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES seguirán ejerciendo sus funciones y responsabilidades bajo sus denominaciones actuales, a fin de garantizar la continuidad del servicio.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del Consejo Nacional Penitenciario, órgano colegiado que hasta ahora tomaba decisiones estratégicas en el INPE. En su lugar, la SUNIR será liderada por un Jefe de Superintendencia, designado mediante Resolución Suprema, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y fortalecer la cadena de mando.
Para acceder a este cargo, el decreto exige 10 años de experiencia general y 5 años de experiencia específica en puestos directivos, además de cumplir con los requisitos de idoneidad establecidos por ley.
Cambios en la carrera penitenciaria y nuevos perfiles
El Decreto Legislativo Nº 1710 también introduce modificaciones a la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, permitiendo que personal militar o policial en situación de retiro pueda ocupar cargos de directivo superior, como Director de Oficina Regional, una medida que apunta a reforzar la disciplina, el control y la experiencia operativa en la gestión penitenciaria.
Asimismo, se endurecen los requisitos para ocupar el cargo de director de penal, exigiendo 10 años de experiencia general, experiencia en gestión y no contar con antecedentes, en un intento por elevar los estándares de probidad y profesionalismo.
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