Si bien el país cuenta con un marco normativo favorable para el factoring, todavía existe un bajo nivel de conocimiento sobre sus beneficios, sostuvo Alexander Goldin, gerente general de Garantía Capital. “Muchos pequeños empresarios no conocen el producto”, afirmó.
A ello se suma que algunas empresas adquirientes aún mantienen procesos internos que dificultan la cesión de facturas o no cuentan con procedimientos ágiles para reconocer al nuevo acreedor cuando una factura es negociada.
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En esa línea, sostuvo que el ecosistema debe avanzar en una mayor difusión del factoring como herramienta de liquidez, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, que pueden convertir sus facturas por cobrar en efectivo inmediato sin incrementar su nivel de endeudamiento.
“El factoring es una solución bastante ágil y dinámica, además de promover la inclusión financiera”, indicó.
Viejo obstáculo
No obstante, Goldin consideró que el mayor desafío del mercado está en el Estado.
Si bien el sector público es uno de los principales compradores de bienes y servicios en el país, los proveedores estatales prácticamente no pueden acceder al factoring debido a las dificultades que enfrentan las entidades financieras para asumir el riesgo de cobro.
“El gran comprador es el propio Estado, pero los bancos y empresas de factoring no pueden financiar con facilidad a sus proveedores porque, ante un eventual incumplimiento, el proceso para exigir el pago resulta muy complejo”, explicó.
Según detalló, la recuperación de una deuda frente al Estado suele implicar procedimientos administrativos y judiciales largos, lo que desincentiva a las empresas financieras a participar en este segmento.
Si bien reconoció que algunas entidades públicas mantienen un buen historial de pagos, como la Sunat, sostuvo que el panorama cambia cuando se trata de gobiernos regionales, municipalidades u otros organismos públicos, donde la incertidumbre sobre los procesos de cobranza es mayor.
Frente a ello, planteó que el Estado podría impulsar cambios que otorguen mayores garantías a las empresas de factoring interesadas en financiar a proveedores públicos.
“Si existieran mecanismos que brindaran mayor seguridad para recuperar esos pagos, se abriría una oportunidad muy importante para ampliar el acceso al factoring y mejorar la liquidez de miles de proveedores del Estado”, manifestó.
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