Diversos ministros del gabinete de José María Balcázar han revelado con su puño y letra en su Declaración Jurada de Interes diferentes investigaciones fiscales y procesos judiciales, algunos de los cuales permanecen en trámite, mientras que otros han sido archivados o se encuentran en etapa de aclaración.
En el sector Interior, el ministro Hugo Begazo de Bedoya ha registrado un proceso abierto. Según su declaración, el proceso que enfrenta está en trámite ante el Juzgado Unipersonal de Lima Este por el presunto delito de falsificación de documento público, relacionado con la firma de una declaración jurada para el saneamiento de un terreno en la comisaría de Santa Anita cuando el titular del Interior cumplía con actos derivados de su función como exjefe de la Región Policial.
Por su parte, el titular de Economía y Finanzas, Gerardo López González, dejó constancia en su declaración jurada de la existencia de investigaciones fiscales en su contra en calidad de imputado. López señaló que, al no contar con el detalle exacto de dichos expedientes al momento de la firma, se comprometía a consignar la información completa mediante un anexo posterior.
CASOS ARCHIVADOS
La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, presenta el historial más extenso de notificaciones fiscales, aunque casti todas figuran como archivadas o sobreseídas. Entre los tipos penales archivados mencionados en su registro se encuentran omisión de funciones, nombramiento ilegal en el cargo y tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. La única invesigación que sigue en trámite es la que se registra por el presunto delito de genocidio, la cual está vinculada al periodo en que se desempeñó como funcionaria durante la gestión de Dina Boluarte, quien enfrenta denuncias similares.
En el sector Cultura, la ministra Fátima Altabás Kajatt reportó una denuncia por violación de domicilio que data del año 2018. Al respecto, la funcionaria aclaró que se trató de una «denuncia maliciosa» interpuesta por ocupantes de un inmueble de su propiedad tras un pedido de desalojo. El caso fue resuelto por la Fiscalía con un dictamen de «no ha lugar» para formalizar la denuncia penal.
El ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, reportó de forma manuscrita que sus procesos se encuentran concluidos o en etapa de mejora, solicitando oportunidad para explicar mayores detalles en el futuro.
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