Venezuela ya era una dictadura cuando Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como su sucesor en diciembre de 2012.
El poder estaba concentrado, las instituciones subordinadas al Ejecutivo y la disidencia sometida a presión constante. Lo que estaba en juego entonces no era si el chavismo continuaría, sino si el régimen sería capaz de sobrevivir sin su fundador.
Maduro asumió como un heredero débil dentro de un sistema autoritario ya consolidado: sin carisma, sin liderazgo propio y sin control absoluto del aparato político.
Lo que siguió no fue una corrección del modelo, sino su radicalización. La deriva autoritaria se convirtió en una dictadura de coerción plena, donde la crisis dejó de ser un problema a resolver y pasó a ser un instrumento de control.
Más de una década después, Maduro no solo permanece en el poder: encabeza uno de los regímenes más duraderos de América Latina, solo comparable al de Daniel Ortega. Su permanencia no se explica por respaldo popular ni por eficacia estatal, sino por una arquitectura de dominación que convirtió el colapso económico, la represión y el miedo en política de Estado.
El periodista y activista Luis Carlos Díaz señala a Perú21 que Nicolás Maduro no gobierna como un líder en el sentido clásico del término. No decide solo ni concentra el poder como un caudillo tradicional: opera como pieza central de una coalición autoritaria sostenida por equilibrios internos, repartijas de negocios y lealtades condicionadas.
«Es parte de una coalición que se mantiene en el poder, donde existen contrapesos internos y repartijas de negocios. Por eso no funciona como un gobierno convencional, sino como una estructura», sostiene.
LA DIÁSPORA VENEZOLANA
Desde 2013, Venezuela perdió más del 70 % de su producto interno bruto, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), una contracción comparable a la de países en guerra.
La industria petrolera fue desmantelada, la moneda se devaluó de forma crónica y la pobreza alcanzó niveles extremos. En los años más críticos, hasta el 90 % de la población vivió en situación de pobreza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada por académicos de la Universidad Católica Andrés Bello.
El daño no fue solo económico: fue social, institucional y humano.
Ese colapso empujó a millones de venezolanos al exilio. Para 2025, más de 7,7 millones de personas habían abandonado el país, según cifras conjuntas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), configurando uno de los mayores desplazamientos forzados del siglo XXI.
No se trata de una migración coyuntural, sino de una diáspora estructural causada por la ausencia de futuro.
Mientras la población huía, el régimen cerraba cualquier resquicio de disidencia.
Las elecciones dejaron de ser una vía de cambio político para convertirse en instrumentos de validación del régimen.
Tras los comicios presidenciales de 2024 —ampliamente cuestionados por la comunidad internacional—, el año 2025 confirmó el cierre definitivo del espacio político: inhabilitaciones, persecución judicial, censura, detenciones arbitrarias y uso del aparato estatal como herramienta electoral.
A fines de 2025, Venezuela mantiene alrededor de 900 presos políticos, según registros actualizados de Foro Penal, la principal organización que monitorea detenciones arbitrarias en el país. La cifra —que fluctúa semana a semana— incluye civiles y militares, hombres y mujeres, detenidos en su mayoría tras las elecciones presidenciales de 2024
Informes actualizados de Naciones Unidas documentaron que estas prácticas no constituyen excesos aislados, sino una política sistemática.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y persecución política, como parte de un plan estatal para neutralizar a la oposición y disciplinar a la sociedad.
En el plano internacional, Maduro ha intentado ganar oxígeno mediante acuerdos parciales y negociaciones para aliviar sanciones, especialmente en el sector energético. Sin embargo, estos gestos no se tradujeron en una apertura política real ni en una recuperación sostenible.
La economía muestra señales de estabilización frágil, pero sostenida sobre salarios de miseria, servicios públicos colapsados y una población que sobrevive gracias a remesas, informalidad y ayuda humanitaria.
El régimen insiste en atribuir el colapso a las sanciones extranjeras. No obstante, organismos multilaterales y centros de investigación coinciden en que la destrucción económica precede a esas medidas y responde a años de corrupción estructural, malas decisiones de política pública y desmantelamiento institucional.
En 2025, el FMI volvió a ubicar a Venezuela entre los países con mayor contracción económica acumulada del mundo desde 2013.
NARCOPRESIDENTE, NARCOGOBIERNO
El gobierno de Estados Unidos aumentó este 2025 de 25 hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro, de 63 años.
Investigaciones judiciales en Estados Unidos han señalado a altos funcionarios del régimen como presuntos integrantes del llamado Cartel de los Soles, una estructura acusada de facilitar el tráfico internacional de drogas.
Maduro, que ha negado reiteradamente estas imputaciones, fue incluido en 2020 en una acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y conspiración, cargos que continúan vigentes.
La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, pese a los intentos del gobierno de frenar el proceso. Ese frente judicial, junto con el aislamiento diplomático selectivo, limita cualquier intento de legitimación plena del régimen, incluso cuando algunos gobiernos optan por la normalización pragmática.
En el plano interno, la estabilidad autoritaria descansa sobre un entramado donde confluyen la cúpula militar, sectores económicos privilegiados, viejas élites chavistas y grupos armados irregulares.
LOS ALIADOS
El régimen de Nicolás Maduro conserva el respaldo explícito de Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua, gobiernos que han defendido a Caracas frente a sanciones internacionales y han denunciado la política estadounidense como una forma de injerencia.
Moscú y Pekín, en particular, consideran a Venezuela un aliado estratégico en su pulso geopolítico con Washington, manteniendo cooperación energética, diplomática y militar. A este bloque se suman países como Turquía, Bielorrusia y Corea del Norte, así como el respaldo político del bloque regional ALBA-TCP, que rechaza cualquier presión externa sobre el régimen venezolano.
México, Colombia y Brasil no figuran como aliados políticos directos de Maduro, pero han optado por una postura tibia que evidencia de qué lado están.
Para el periodista Luis Carlos Díaz, la postura de estos países son el nefasto apoyo blando que tiene la dictadura.
María Corina Machado, la valiente opositora al régimen, aseguró en diciembre que la salida del poder de Nicolás Maduro es “inevitable” y sostuvo que todavía existe una oportunidad para una transición pacífica, pese al endurecimiento de la dictadura y al cierre del espacio político.
La dirigente, Premio Nobel de la Paz, rechazó los argumentos que advierten que la caída de Maduro conduciría a una guerra civil, y descartó cualquier paralelismo con el conflicto en Siria.
Machado cree que su país se encuentra “al borde de una nueva era”, tras años de autoritarismo, colapso económico y represión sistemática.
Venezuela llega a 2026 atrapada entre la incertidumbre política, el desgaste social y los rumores de una eventual “liberación” impulsada desde Washington, esta vez bajo la sombra de Donald Trump.
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