Apenas seis días después de haber jurado como diputado por Juntos por el Perú (JPP), Julián Pérez Mallqui, de 51 años, representante de Cusco, fue detenido la mañana de ayer en flagrancia por agentes de la comisaría de San Miguel, tras ser acusado de violencia contra una mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva.
Un familiar de la víctima, que acudió a la comisaría, declaró que su principal pedido es que “no debe haber agresión ante nadie”. Además corroboró la existencia de la presunta agresión.
Pérez Mallqui llegó a la vivienda de la presunta víctima y al tocar la puerta fue recibido por el padre de la mujer. En ese momento hubo un forcejeo entre ambos y el diputado ingresó al inmueble. Ante esta situación, la mujer realizó llamadas de auxilio a la Policía Nacional y al Serenazgo del distrito, cuyos agentes llegaron e intervinieron al acusado.
Al caer la tarde, Pérez Mallqui fue conducido a Medicina Legal y se mostró sonriente ante las cámaras. Después fue llevado a la Dirincri, en la avenida España, y luego de retorno a San Miguel.
Pide libertad de Castillo
El detenido, que juró por la hoja de coca y la libertad del golpista Pedro Castillo, registra antecedentes por violencia familiar. Incluso, en febrero del 2024 fue intervenido tras atropellar a una madre de familia y a su hija en Pichari, Cusco.
Tras permanecer diez meses con prisión preventiva fue sentenciado a cuatro años y seis meses por lesiones culposas (que aún cumple) y al pago de 350 mil soles de reparación en favor de las víctimas.
Además, sobre “Cheldo Julián” pesan acusaciones por violencia familiar y pertenece a la facción antaurista de JPP y está detrás de los gremios de agricultores de hoja de coca del Vraem.
Antecedentes
El parlamentario podría quedarse 48 horas retenido y el caso será investigado por un fiscal supremo, quien podría solicitar la detención preliminar en su contra, pues no goza de inmunidad parlamentaria al ser acusado de un delito común y no de funciones.
Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral, precisó que dependiendo de los elementos de convicción que recoja el fiscal, podría dictarse prisión preventiva y se debe solicitar al Congreso que sea suspendido del cargo y que se nombre a su accesitario para ocupar el escaño que dejaría libre.
Todo dependerá del pedido de prisión preventiva y de la pena a aplicarse en caso sea hallado culpable, que por violencia contra la mujer llega hasta los 15 años de cárcel.
