El Legislativo mantiene en agenda del Pleno un dictamen que busca expandir el control concurrente, la principal “arma” de fiscalización de la inversión en infraestructura de la entidad en años recientes, a pesar de que la propia Contraloría busca derogar el esquema.
El control concurrente es, en términos sencillos, un mecanismo de supervisión que se realiza durante la ejecución de los proyectos para detectar y corregir desviaciones en tiempo real.
LEA TAMBIÉN: Southern ahora con “luz verde” para iniciar primera etapa de Tía María: Gobierno lo autoriza
Expandir y elevar recursos
Así, de volverse ley, se destinaría el 2% del valor total de las inversiones al control concurrente. Hoy, el valor es el 0.6%, luego de sufrir cambios en años previos. Pero, según la nueva fórmula, la Contraloría ya no sería la única institución pública en recibir el dinero. En cambio, se le otorgaría la mitad (1%). El resto se repartiría entre el Poder Judicial (0.3%), el Ministerio Público (0.5%) y la Procuraduría General del Estado (0.2%).
Además, el control concurrente ya no estaría centrado en fiscalizar la ejecución de obra, sino también en la formulación y evaluación de todo proyecto que supere los S/ 5 millones de costo total. Y, aunque estaba implícita, se agrega una mención específica a una modalidad de inversión a su campo de acción: los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G).
Sobre la fórmula propuesta, Ronald Fernández Dávila, socio del área de Infraestructura y Proyectos en PPU, criticó que se busque favorecer a entidades públicas que persiguen el delito, dando esa presunción de culpabilidad a la obras.
De volverse ley, el Poder Judicial se beneficiaría también con recursos asignados al control concurrente. (Foto: ANDINA/Andrés Valle).
“¿Dónde se ha visto que para el control concurrente participe desde el momento cero una especie de fiscal de prevención del delito en cada proyecto? Eso crea otra instancia que alargaría el cierre de obras», cuestionó.
Por su parte, Sebastián Gamarra, Asociado Principal de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, consideró que el Congreso parece considerar que, si la Contraloría está “encima” de las obras, automáticamente se reducirán las obras paralizadas.
“Eso está totalmente equivocado. No hay causalidad al 100%. Tenemos defectos de todo tipo: incapacidad de liberar predios, falta de recursos técnicos humanos, no solo la corrupción afecta la ejecución de obras”, remarcó.
LEA TAMBIÉN: Consorcios de China y España ponen en la mira megaproyecto para traer más agua a Lima
Contraloría en desacuerdo
Este interés del Congreso es contradictorio para la Contraloría actual. Su titular, César Aguilar, quien asumió funciones a mediados del 2024, ha sido reiterativo en cuestionar el control concurrente. Incluso, ha dejado en claro que su criterio ha sido mal utilizado.
En 2025 sobran sus declaraciones en esa línea. En mayo, en entrevista con Gestión, anunció que estrenaría el “control preventivo”, para reemplazar al concurrente, ya que generaba un perjuicio al Estado y la inversión.
“El control concurrente es más caro [que el preventivo]. Las obras dan un porcentaje para este proceso, pero se hace y resulta que había necesidad de un adicional de obra. Eso genera costos, no solo económicos, también sociales”, dijo entonces.
En agosto del año pasado reiteró los sobrecostos que genera el control concurrente e incluso pidió perdón por su ineficacia.
César Aguilar, contralor de la República, ha sido bastante abierto con sus críticas al control concurrente. Foto: Contraloría.
“Muchos empresarios o servidores y profesionales públicos le han tenido pánico a la Contraloría […] Por eso, si han tenido que vivir algún acto no muy agradable [con la entidad], les pido disculpas para empezar”, señaló anteriormente.
Las críticas del contralor no se han quedado solo en palabras. En medio de esos meses del año pasado, la misma Contraloría presentó un proyecto de ley que se titula literalmente: “Ley que deroga el financiamiento obligatorio para el control concurrente”.
Aparte, dispone que se emitan disposiciones normativas para el control preventivo anunciado, pero para obras públicas paralizadas. Al cierre del 2025, son 2,416 en todo el Perú y representan una inversión superior a los S/ 67 mil millones.
Esta iniciativa permanece desde junio del 2025 para estudio de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sin mayor avance. Es el mismo grupo de trabajo que dictaminó la propuesta aquí comentada para expandir el control concurrente.
LEA TAMBIÉN: Cobre y oro aún “protegen” al Perú, pero golpe de leyes del Congreso se verá desde 2027
Poca efectividad
Según la propia entidad, entre 2018 y 2021 solo el 43% de las situaciones adversas que comunicaron vía esta modalidad de fiscalización fueron corregidas. Entre 2022 y 2024, periodo que incluye años previos al ingreso de Aguilar a la entidad, solo el 36.26% se corrigieron.
Allí no queda el asunto. Tampoco se evitó que las obras supervisadas se pausaran. En 2024 el control concurrente tuvo S/ 1,649 millones disponibles. A pesar de ello, 121 inversiones que tuvieron ese acompañamiento, igual se paralizaron, de acuerdo con la misma Contraloría.
Tampoco todos los documentos publicados habrían seguido la lógica del esquema. La institución remarca que el 22% de los informes de control concurrente emitidos ese año no revelaron situaciones adversas “con hechos relevantes” vinculados a la ejecución de la inversión.
Para rematar, las contrataciones hechas para el control concurrente fueron inadecuadas. Entre 2022 y 2024, 6,125 personas a plazo determinado ingresaron a Contraloría para este fin, pero al 96.6% no se les exigió experiencia específica para sus puestos, revela el proyecto de ley.
La propia Contraloría ha dado cifras reconociendo la poca eficacia del control concurrente. Foto: Contraloría.
A criterio de Fernández Dávila, es inexplicable, a raíz de lo que indica el propio contralor, que el Congreso no retire el dictamen de la agenda del pleno y busque archivarlo.
“Es incongruente. Si la propia Contraloría busca mayor eficiencia, este dictamen no solo va contracorriente. Aparte refuerza un esquema que ha retrasado la toma de decisiones en proyectos e incluso arbitrajes o tratos directos afectando al Estado”, sostuvo.
En la misma línea, Gamarra recordó que, durante el último año, el Estado peruano ha renovado sus leyes para diversas modalidades de ejecución de obra. Si bien las reglas son distintas, todas reúnen una misma intención: reducir la participación de la Contraloría.
“El ejemplo claro fue la modificación a la ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que le resta presencia. Este dictamen busca que intervengan desde fases previas a la ejecución y suma los G2G. Eso sería un problema mayor. Realmente suena poco práctico y contra lógica de flexibilizar proyectos”, refirió.
