La Corte Suprema de Justicia de la República dispuso que la condena impuesta al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos por los crímenes de Pativilca y La Cantuta se cumpla de manera efectiva hasta el 30 de septiembre de 2037, tras anular el cómputo previo de pena que había dado por cumplida la sanción en enero de este año.
La resolución, emitida por la Sala Penal Transitoria del máximo tribunal, declaró nula la parte de la sentencia de 19 años y 8 meses dictada en enero de 2024 que había considerado compurgada la pena total, fundamentando que el cálculo anterior utilizó indebidamente periodos de detención que correspondían a otros procesos penales no vinculados directamente con los delitos juzgados.
Montesinos, quien permanece recluido en la Base Naval del Callao, fue condenado como autor mediato de homicidio calificado en ambos casos. En Pativilca, se le atribuye la participación en la masacre de campesinos cometida en 1992 por el grupo paramilitar Colina, mientras que en La Cantuta se trata de las ejecuciones y desapariciones forzadas de estudiantes y un profesor en el mismo año.
La Corte Suprema determinó que, tras descontar los seis años de detención estricto sufridos por Montesinos en el proceso correspondiente, aún le restan 13 años y 8 meses de prisión. Al tomar como punto de partida la fecha en que se emitió la sentencia condenatoria (31 de enero de 2024), la pena ahora reformulada llevará su cumplimiento hasta finales de septiembre de 2037.
La decisión pone fin a interpretaciones previas que habían contabilizado como cumplidos períodos de reclusión generados en otros procesos judiciales —como detenciones preventivas relacionadas con delitos distintos— los cuales, según el máximo tribunal, no debían considerarse para efectos del cómputo de la pena impuesta por los casos Pativilca y La Cantuta.
El fallo respalda así la posición del Ministerio Público, que había impugnado el cómputo anterior al argumentar que solo debían descontarse los años de detención vinculados directamente con los procesos por los cuales se impuso la presente pena, rechazando la inclusión de medidas de coerción personal de otros procesos penales no relacionados.
Con esta decisión, el exasesor de Alberto Fujimori —una de las figuras más polémicas de las décadas de 1990 y 2000— permanecerá en prisión por más de una década adicional, reforzando el carácter de penas de larga duración por violaciones de derechos humanos y rechazando la prescripción o liberación anticipada de su sanción por estos casos que aún marcan la historia reciente del país.
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