A pesar de que el calendario ya marca los primeros días de enero, el Ejecutivo todavía no ha definido oficialmente cómo se denominará el año 2026 en el Perú.
Hasta este lunes 5 de enero, la disposición administrativa que establece el nombre del año —y que debe publicarse en el Diario Oficial El Peruano— no ha sido difundida, por lo que la denominación sigue en suspenso.
La práctica establece que, durante la primera semana de enero, el Poder Ejecutivo aprueba mediante Decreto Supremo el nombre oficial del año, el cual debe ser refrendado por el Consejo de Ministros y publicado en el diario oficial para adquirir plena validez legal.
Ese membrete pasa a ser de uso obligatorio en todos los documentos internos y externos del sector público, incluyendo ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y organismos autónomos.
Esta costumbre administrativa se mantiene de forma ininterrumpida desde la década de 1960, cuando fue institucionalizada por el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry.
Desde entonces, la denominación anual cumple una función simbólica y organizativa: permite destacar prioridades nacionales, conmemoraciones históricas o ejes de política pública, sin generar derechos u obligaciones adicionales para la ciudadanía.
Mientras no se publique el nuevo decreto, las entidades estatales continúan utilizando el membrete correspondiente a 2025, a la espera de la norma que marque formalmente el inicio del periodo administrativo 2026.
Fuentes de medios oficiales y especializados coinciden en que el anuncio debería producirse en los próximos días, conforme al procedimiento habitual.
En años anteriores, el nombre del año ha reflejado tanto coyunturas económicas como homenajes históricos.
Por ejemplo, en 2019 se adoptó la denominación “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”, mientras que en 2025 el Ejecutivo declaró el “Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión”, en reconocimiento al ideólogo de la independencia y redactor de la primera Constitución del país.
Una vez difundida la norma, el nombre del año rige durante los doce meses siguientes y se incorpora de manera formal en toda la comunicación oficial del Estado.
Aunque su uso es opcional en el sector privado, muchas empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles suelen adoptarlo en señal de alineamiento institucional.
Por ahora, la denominación del año 2026 sigue pendiente, manteniendo la expectativa sobre cuál será el mensaje o eje simbólico que el Gobierno buscará destacar en el nuevo periodo.
