Seguridad es la principal demanda de la ciudadanía. Con el proceso electoral a cuestas, resulta prioritario revisar las principales propuestas de los candidatos presidenciales sobre este tema. En esta primera mirada, examinamos los planteamientos de algunos partidos.
En el caso de Renovación Popular, su plan de gobierno contempla derrotar “la delincuencia común, el pandillaje, el terrorismo urbano y la microcomercialización de drogas por medio de las unidades itinerantes de pacificación ciudadana”, así como a través de inteligencia y “agentes encubiertos”.
También proponen un “convenio” con el Gobierno de Estados Unidos “para servicios de inteligencia, empleo de tecnología de punta y extradición inmediata de cabecillas de bandas de terrorismo urbano”.
Del mismo modo, aseguran que dotarán “de las herramientas legales que permitan a la Policía desarrollar sin limitaciones su mandato legal y constitucional en favor de la ciudadanía”. Para ello, crearán el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía y la Seguridad.
Aunque no figura en su plan de gobierno, Rafael López Aliaga ha planteado públicamente la expulsión del país de extranjeros que estén en situación irregular, es decir, sin documentos en regla. Asimismo, propuso un “shock de leyes” para transformar el país, endureciendo penas y normas para enfrentar delitos como la extorsión y el terrorismo urbano.
En el caso de Fuerza Popular, se propone un Programa Nacional de Prevención Temprana, para brindar programas deportivos, culturales y artísticos para niños y adolescentes de zonas de vulnerabilidad, además de becas, formación técnica y psicosocial.
El partido naranja busca implementar centros de comando y videovigilancia interconectados, un Plan de Emergencia para combatir la inseguridad a través de delegación de facultades por 60 días y establecer un Comando Unificado Permanente.
Se crearían, además, nuevas unidades de flagrancia exprés, se reformaría el sistema de justicia, se construirían 4 megapenales y, en los primeros 100 días de gestión, se intervendría de manera militar y policial en Tumbes “para control fronterizo y reducción de crimen organizado”.
Además, Keiko Fujimori ha propuesto que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el control de los penales; revisar la Convención Americana de Derechos Humanos para ampliar la capacidad de acción de las fuerzas del orden; que los casos por uso de la fuerza se vean en el fuero militar y policial, y reforzar el control de fronteras para impedir el ingreso de personas en situación irregular.
Por su parte, País para Todos, de Carlos Álvarez, promueve fortalecer la presencia policial en puntos críticos, la investigación de delitos patrimoniales y la adaptación de las capacidades policiales a las nuevas modalidades de estafa en entornos urbanos y digitales.
También busca fortalecer el patrullaje policial disuasivo, redefinir las funciones del Conasec, separar a los líderes criminales de las cárceles a través de regímenes especiales de máxima seguridad y un “pacto nacional por la seguridad contra las mafias”.
Con el objetivo de endurecer sus propuestas, Álvarez también se ha mostrado a favor de aplicar la pena de muerte para criminales con cambios legales y constitucionales, y retirando al Perú del Pacto de San José si es necesario, y ha planteado eliminar a los criminales como “objetivos militares”.
En tanto, Libertad Popular, de Rafael Belaunde Llosa, asegura que al 2031 “el crimen organizado habrá retrocedido a niveles antes de 2016”. Para ello, propone crear un búnker en la Base Aérea Las Palmas para controlar la minería ilegal, las empresas que venden explosivos o maquinaria deberán bancarizar el 100% de sus operaciones; y ejecutar una “misión internacional” para refundar la Policía.
También plantea el registro biométrico de conductores de motos y taxis, que el 20% de los policías se especialicen en investigación criminal, derogar las denominadas leyes procrimen, construir cárceles en zonas remotas (como la cordillera de La Viuda), tener cámaras con IA en penales y el despliegue de tropas en los 7,000 km de frontera “para combatir la migración irregular y el tráfico transnacional”.
Por estos días y en las próximas semanas, los candidatos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno buscarán endurecer sus propuestas en materia de seguridad para captar el voto del electorado en una etapa clave de la campaña.
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