El eventual incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) podría encarecer productos de consumo masivo, reducir las ventas de pequeños negocios y abrir aún más espacio al contrabando y la informalidad. Frente a este escenario, la Asociación de Bodegueros del Perú y diversos gremios de microempresarios solicitaron al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley 536, que busca que cualquier modificación de este tributo sea debatida y aprobada por el Parlamento.
Durante una conferencia conjunta, los representantes del sector advirtieron que actualmente el Ejecutivo puede modificar el ISC mediante decreto, una facultad que, según sostienen, termina afectando directamente a millones de consumidores y pequeños comerciantes.
“Cada vez que aumentan el ISC, suben los precios de los productos que más vendemos. El consumidor compra menos, cae la recaudación y quienes terminan beneficiándose son los informales y el contrabando”, señaló Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.
El dirigente cuestionó además que el Ministerio de Economía y Finanzas justifique los incrementos del ISC por motivos de salud pública, cuando los recursos recaudados no se destinan de manera específica al fortalecimiento de hospitales o programas sanitarios.
Mypes advierten impacto en la formalidad
Los gremios empresariales sostienen que una mayor carga tributaria terminaría debilitando a las empresas formales en un contexto donde la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos del país.
Julio Pardavé, vicepresidente de la Asociación de Gremios Pymes-Perú, recordó que el 95% de las empresas peruanas son microempresas y consideró que la prioridad del Estado debería ser generar condiciones para su crecimiento y competitividad.
Por su parte, Julio Surco, presidente de PYME Perú, cuestionó la ampliación de mecanismos como la percepción del IGV, al considerar que inmovilizan recursos que las pequeñas empresas necesitan para operar diariamente. Según explicó, antes de incrementar impuestos, el Estado debería concentrarse en incorporar a la economía formal a millones de trabajadores y negocios que actualmente permanecen fuera del sistema tributario.
Extorsiones: la amenaza que asfixia a las bodegas
A los desafíos económicos se suma la inseguridad ciudadana. Los representantes del sector denunciaron que las extorsiones continúan afectando de manera masiva a los bodegueros, especialmente en las principales ciudades del país.
Según Andrés Choy, el 99% de los asociados a su gremio afirma haber sido víctima de extorsión al menos una vez. Asimismo, aseguró que muchos comerciantes prefieren no denunciar ni pronunciarse públicamente por temor a represalias.
“Existe mucho miedo. Hay bodegueros que no quieren hablar porque temen que aumenten las amenazas o los montos que les exigen. Hasta ahora no vemos resultados concretos en la lucha contra este problema”, manifestó.
Los gremios hicieron un llamado al Congreso para debatir y aprobar el proyecto de ley 536 durante la actual legislatura, argumentando que la medida permitiría una mayor transparencia en las decisiones tributarias y evitaría nuevos incrementos de precios que afectarían tanto a los pequeños negocios como a los consumidores.
