INFORME RONIN-PERÚ21
La crisis venezolana representa el colapso económico más severo fuera de un contexto de guerra en la historia moderna. Este caso demuestra, de manera trágica y categórica, cómo malas políticas públicas pueden destruir rápidamente décadas de progreso y ofrece lecciones irrefutables para la gestión de la economía peruana.
El declive de la economía venezolana fue el resultado de una secuencia de intervenciones erróneas, exacerbada por la dependencia del petróleo. En primer lugar, la imposición masiva de controles de precios distorsionó por completo las señales del mercado, eliminó los incentivos para la producción nacional y generó una escasez aguda. En segundo lugar, la estatización o confiscación de empresas, realizada sin criterios de eficiencia, quebró el capital productivo y ahuyentó la inversión privada ante la ausencia de garantías jurídicas.
En tercer lugar, una política fiscal y monetaria irresponsable financió el déficit mediante emisión inorgánica de un banco central sin autonomía, encendiendo la mecha de la hiperinflación. En cuarto lugar, el rígido control de divisas creó un tipo de cambio oficial artificial, paralizó las importaciones esenciales y aisló comercialmente al país. Finalmente, la elevada dependencia del petróleo dejó a la economía a merced de la volatilidad de los precios internacionales, y la caída posterior a 2014 dejó al descubierto la fragilidad de un país que carecía de sectores competitivos alternativos para amortiguar el shock externo.
Consecuencias
Como resultado, el PBI per cápita de Venezuela pasó de casi US$13,000 en 2012 a cerca de US$3,000 en 2025, una caída superior al 70% (ver gráfico 1). La inflación se ubicó por encima del 50% durante más de diez años consecutivos, alcanzando tasas hiperinflacionarias (mayores a 1,000%) por tres años seguidos (2018-2020), y llegó a superar el 130,000% en 2018 (ver gráfico 2). La deuda pública superó el 300% del PBI y, según la última información disponible a 2024, se ubica por encima del 150% del producto. Por último, la producción petrolera cayó de casi tres millones de barriles diarios en 2013 a menos de un millón en la actualidad, una reducción superior al 70%.
Cerca de ocho millones de ciudadanos han salido de Venezuela como consecuencia de este desastre económico, de los cuales 1.6 millones residen en Perú. Esta migración plantea retos y oportunidades para el país. Por un lado, el aumento de una fuerza laboral joven y, en muchos casos, con capital humano calificado de profesionales y técnicos, ha incrementado el PBI, la demanda interna y ha contenido los costos laborales. Por otro lado, ha generado costos asociados a una mayor demanda de servicios sociales como salud y educación, presiones sobre el mercado laboral informal y una mayor percepción de inseguridad vinculada a la migración.
La experiencia venezolana refuerza lecciones económicas clave para el futuro peruano que deben tenerse en cuenta en el actual contexto de ofertas electorales. La autonomía y los impedimentos constitucionales que prohíben el financiamiento del fisco por parte del Banco Central son sagrados y constituyen el pilar para defender el valor de la moneda.
Cualquier subordinación al gobierno de turno o la implementación de propuestas “creativas” que busquen agregar nuevas funciones al ente monetario es el primer paso hacia una inflación descontrolada.
Asimismo, los controles de precios y de tipo de cambio son formas de autosabotaje que distorsionan la asignación eficiente de recursos y generan escasez y corrupción. El control de la inflación se sustenta en la credibilidad del Banco Central para anclar las expectativas inflacionarias de largo plazo, no en el control administrativo de precios.
El pilar de la inversión privada
Para Isaac Foinquinos, economista jefe de Ronin, la seguridad jurídica es el pilar fundamental de la inversión privada, pues sin reglas claras y respeto a la propiedad privada —como ocurrió en Venezuela— los motores del crecimiento terminan por detenerse.
Señaló que la diversificación productiva es clave para la seguridad económica, especialmente en un país como el Perú, dependiente del cobre y el oro.
En ese contexto, sostuvo que es necesario impulsar nuevos motores de desarrollo para evitar la exposición a políticas populistas en ciclos de altos precios.
Asimismo, enfatizó que la disciplina fiscal en épocas de bonanza permite responder mejor en tiempos de crisis y reducir la vulnerabilidad frente a los vaivenes externos.
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