El Poder Judicial puso fin a la batalla legal emprendida por el gobierno de Dina Boluarte para mantener bajo secreto el registro de visitas a Palacio de Gobierno que solicitó Perú21 en mayo de 2023. El tribunal determinó que el Despacho Presidencial está obligado a entregar los reportes de ingresos y salidas de las puertas «Literatura» y «Residencia» correspondientes al periodo entre diciembre de 2022 y mayo de 2023.
La demanda, presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) contra el Ministerio de Justicia (Tribunal de Transparencia) y el diario Perú21, pretendía anular la resolución administrativa que amparaba el derecho a la información. Sin embargo, el juzgado concluyó que la información solicitada es de carácter público y que el Ejecutivo no logró acreditar que su difusión pusiera en riesgo la seguridad nacional o datos personales sensibles.
Según se indicó en el fallo, el despacho Presidencial es una entidad pública y debe someterse plenamente a la Ley de Transparencia, por eso mismo entregar el registro de visitas no revela información estratégica o que ponga en riesgo la integridad de la entonces presidenta y su familia, por lo tanto le correspondía al Estado demostrar por qué esta información debía ser reservada, algo que el gobierno de Boluarte no pudo justificar.
El Ejecutivo no solo demandó al propio Tribunal de Transparencia del Estado, sino que incluyó a este diario como «litisconsorte» (codemandado).
El fallo judicial confirma que la puerta «Residencia», con acceso directo al domicilio de la exmandataria, no podía ser un «punto ciego» para la fiscalización ciudadana. Ante el fallo, Presidencia deberá entregar de inmediato los listados completos a Perú21. De lo contrario, los funcionarios responsables podrían incurrir en desacato y nuevas sanciones administrativas.
CRONOLOGÍA:
-
El inicio del bloqueo (Abril – Mayo 2023)
– Abril 2023: Perú21 solicita formalmente el registro de visitas de todas las puertas de Palacio de Gobierno del periodo diciembre 2022 – abril 2023. El Despacho Presidencial entrega información parcial, pero oculta los registros de las puertas «Literatura» y «Residencia».
– Mayo 2023: Se reitera el pedido específicamente para esos dos accesos. La solicitud es denegada por el Ejecutivo alegando razones de «seguridad nacional».
-
La victoria administrativa (Junio – Julio 2023)
– Junio 2023: Ante la negativa, el diario apela ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (órgano del Ministerio de Justicia).
– Julio 2023: El Tribunal le da la razón a la prensa y emite una resolución administrativa ordenando al Despacho Presidencial entregar los registros. Sin embargo, el Gobierno solo envía un reporte incompleto de la puerta «Literatura» y mantiene bajo llave el de «Residencia».
-
La contraofensiva del Gobierno (Agosto 2023)
– 6 de agosto de 2023: Se revela que el gobierno de Dina Boluarte usa una directiva de la era de Pedro Castillo para blindar el acceso a la «Residencia», argumentando que es información reservada por el «Plan de Seguridad».
– 17 de agosto de 2023: En un hecho inusual, la PCM demanda al Ministerio de Justicia ante el Poder Judicial para anular la orden de transparencia. Incluyen al diario como «codemandado» para frenar la entrega de datos.
-
El litigio judicial (2024 – 2025)
– El caso ingresa al 16° Juzgado Contencioso Administrativo. Durante este periodo, el Ejecutivo insiste en que la residencia presidencial no es una «entidad de administración pública» y que sus visitas son de carácter privado, a pesar de que allí se han registrado ingresos de personajes clave como Wilfredo Oscorima.
-
La sentencia final (Enero 2026)
– Enero 2026: El juzgado declara infundada la demanda del Despacho Presidencial.
– El fallo concluye: La información de ingresos a Palacio (incluida la Residencia) es pública por naturaleza, garantiza el control ciudadano y el Gobierno no pudo probar que su difusión afecte la seguridad del país. Se ordena el archivo del proceso y la entrega de la información.
VIDEO RECOMENDADO
