Tras una reunión con los 12 sindicatos de trabajadores de Petroperú y algunos legisladores, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, manifestó que encontraron una empresa “al borde la insolvencia”.
En ese sentido, la funcionaria confirmó que ya había una demanda presentada por parte de un acreedor (UNNA) ante Indecopi. Por este motivo, reiteró la necesidad de que exista un plan de reorganización como el señalado en el decreto de urgencia 010-2025.
Ante esto, la presidenta de la petrolera, Elba Rojas, indicó que si bien la empresa acreedora retiró la demanda es porque se han hecho las coordinaciones en el marco del DU.
En cuanto a la huelga anunciada para el lunes 19 de enero contra las nuevas acciones para reestructurar la compañía, los miembros de la Junta de Accionistas evitaron responder si esta continuará en marcha.
No obstante, el titular del Ministerio de Energía se pronunció sobre la posibilidad de despidos y señaló que actualmente hay 2,600 trabajadores y 36 gerencias, por lo que se necesita realizar algunos cambios. “No es funcional y no es eficiente”, resaltó al referirse al trabajo que se ha estado haciendo en la compañía.
Por otro lado, el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, anunció que están reforzando la lista de venta de activos. De esta manera, entre los que venderían se encuentra el edificio ubicado en San Isidro.
MÁS DESPILFARRO
Mientras tanto, Perú Libre presentó un proyecto de ley a través del cual autoriza al Minem que durante 2026 realice las transferencias financieras a favor de la petrolera estatal con la finalidad que “se garantice la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional”.
En la propuesta también refieren que quieren asegurar el normal desarrollo de las actividades económicas vinculadas al transporte, distribución y comercialización de combustibles. También refiere que se debe prevenir el riesgo de desabastecimiento en regiones.
No obstante, no mencionan ni una palabra sobre las deudas que tiene la compañía y que se encuentran en alrededor de US$5,000 millones. Tampoco hacen referencia a las demandas de los proveedores que están incumpliendo sus compromisos por esta falta de pago.
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