El presidente de la República, José María Balcázar, designó al abogado José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del Despacho Presidencial, según informaron fuentes de Perú21.
Según su perfil de LinkedIn, Torrico es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios concluidos de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En el Estado, se ha desempeñado como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, entre diciembre de 2020 y junio de 2024. Tuvo el mismo cargo entre abril de 2018 y diciembre de 2019.
También fue jefe de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un abogado especialista en derecho administrativo, laboral y previsional.
Torrico recibió el 19 de febrero de 2026 el otorgamiento del beneficio de defensa legal mediante la Resolución Ministerial N.° 00164-2026 del Ministerio de Defensa. La medida le permite contar con abogado pagado por el Estado al haber sido comprendido en una investigación fiscal vinculada a hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones como exjefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector.
La investigación corresponde a la Carpeta Fiscal N.° 324-2025, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Tercer Despacho del Ministerio Público, y está relacionada con la recomposición de resoluciones emitidas en 2023 por el sector Defensa. La resolución no precisa un delito específico y señala que Torrico está comprendido en la investigación en calidad de testigo, no como acusado formal.
FUNCIONES IMPORTANTES
El secretario general del Despacho Presidencial, cargo que ocupará Torrico, es el principal funcionario administrativo de la institución y actúa como el nexo operativo entre la Presidencia de la República y las distintas áreas técnicas y administrativas. Su rol es garantizar que las decisiones del jefe de Estado se tramiten, documenten y ejecuten conforme a ley, asegurando el funcionamiento interno de la sede presidencial.
Entre sus funciones está coordinar la agenda administrativa, supervisar los sistemas de gestión documentaria, firmar comunicaciones oficiales por delegación y velar por el cumplimiento de normas presupuestales y de contratación pública. También puede canalizar pedidos de información, gestionar resoluciones y ejercer representación administrativa ante otras entidades del Estado.
Aunque no es un cargo político ni forma parte del Consejo de Ministros, su desempeño resulta clave para la trazabilidad, legalidad y transparencia de los actos emitidos desde el entorno presidencial.
