La Dirección de Medio Ambiente de la Policía ejecutó uno de los operativos más contundentes contra la minería ilegal en la región Madre de Dios, específicamente en la provincia de Tambopata, distrito de Inambari, reafirmando su rol en la defensa de la Amazonía.
Las acciones se desarrollaron de manera simultánea y articulada con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público, la DINOES, la DIVCOMIN y el Ejército del Perú, en el marco de la lucha contra las economías criminales que depredan los recursos naturales.
Durante la intervención en el sector Isla Córdova se detectó un amplio complejo de minería ilegal en plena actividad. Las autoridades hallaron 17 pozas de explotación, siete balsas draga, motores, bombas de succión e inyección, tracas mecánicas e hidráulicas, además de 335 galones de combustible, 16 campamentos y vehículos menores, entre otros equipos.
En el sector Azul se identificaron tres pozas, ocho balsas draga, motores de distintas marcas, 22 bombas de succión, 11 tolvas de madera, 1,800 metros de alfombra minera y 11 campamentos rústicos, así como combustible diésel almacenado en bidones.
Asimismo, en el sector Santa Rita (km 137) se encontraron nueve pozas, dos balsas draga, cinco balsas traca, 12 motores sumergidos, 10 campamentos rústicos y más de 3,000 galones de diésel. En tanto, en la zona conocida como Zorro Valencia se incautaron motores, balsas draga, mangueras, campamentos y 1,240 galones de petróleo D2.
DETENIDO CON S/50,000
Como parte del operativo, en el distrito de Inambari fue detenido Víctor Hugo Flores Rodríguez (63) por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Durante la intervención se le incautaron S/50,000 en efectivo.
La unidad especializada de la PNP ejecutó las acciones de interdicción conforme al Decreto Legislativo N.° 1100 y por disposición del Ministerio Público, adoptando medidas de seguridad y de protección ambiental.
Según la Policía, el megaoperativo generó un impacto económico estimado en más de S/30,691,540, debilitando de manera directa las finanzas de la minería ilegal en la Amazonía peruana. La institución reiteró su compromiso de continuar las acciones para proteger el medio ambiente y hacer prevalecer el principio de autoridad en la zona.
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