Canciller descarta ingreso forzado a la Embajada de México por Betssy Chávez

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, volvió a marcar una línea clara en torno al caso de la expremier Betssy Chávez: el Gobierno peruano no considera ni considerará una intervención por la fuerza en la embajada de México en Lima para proceder con su detención, pese a la condena superior a 11 años de prisión que pesa sobre ella por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

En declaraciones brindadas este lunes durante una conferencia de prensa, el canciller fue categórico al descartar cualquier escenario de incursión en la sede diplomática. 

“Eso no está en evaluación. El Perú respeta el derecho internacional y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”, enfatizó, en un intento por desactivar versiones que apuntaban a una posible medida extrema.

El conflicto diplomático se agudizó el 3 de noviembre, cuando el propio De Zela informó que el Gobierno de México había concedido asilo diplomático a Chávez Chino dentro de su embajada. 

La decisión fue considerada por el Ejecutivo peruano como incompatible con la situación judicial de la exfuncionaria, lo que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano.

Desde entonces, el pedido de salvoconducto formulado por México para permitir la salida de la excongresista del territorio nacional permanece en suspenso, mientras el Perú busca respaldo jurídico internacional para sustentar su posición.

 

Consultas internacionales en curso

El canciller explicó que el Ejecutivo optó por activar los mecanismos multilaterales y llevar el debate al ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según precisó, la misión peruana ante dicho organismo viene coordinando con varios países una propuesta para que el Consejo Permanente solicite una opinión técnica al Comité Jurídico Interamericano.

“El objetivo es aclarar la correcta aplicación de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, especialmente en casos de personas con sentencia firme por delitos graves contra el orden constitucional”, indicó De Zela, quien reveló que ya sostuvo conversaciones informales en Washington con representantes de distintos Estados.

 

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