El Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, admitió a trámite una demanda de habeas corpus, interpuesta a favor de la Embajada de México, con el objetivo de que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, pueda abandonar el país por intermedio de un salvoconducto.
La medida, presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, tiene como fin asegurar la inviolabilidad de la referida sede diplomática tras unas declaraciones del presidente de la República, José Jerí, quien manifestó en una entrevista que podría usar la fuerza pública para ingresar a la embajada.
«Si se tiene que ingresar a la Embajada mexicana, se hará”, señaló en noviembre de 2025 el mandatario en una entrevista.
Según el ciudadano demandante, estas declaraciones constituyen una «amenaza real, cierta e inminente» que desconoce el artículo 22° de la Convención de Viena, el cual garantiza la protección de las sedes diplomáticas. Por ello, argumentó que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial “podrían disponer órdenes de captura ejecutables dentro de una embajada extranjera”.
El juzgado dispuso correr traslado de la demanda a la procuraduría pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Las entidades tendrán tres días de plazo para absolver la demanda y presentar sus descargos antes de que se emita una sentencia.
Al respecto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga dijo a Perú21 que no se debió admitir a trámite el recurso porque el Estado mexicano no puede ser parte de un proceso en jurisdicción nacional.
«El Poder Judicial tiene jurisdicción sobre temas del Perú y el salvoconducto se da al gobierno de México, que no tiene ni puede tener dimensión jurídica en el proceso. No es parte del proceso. Los jueces del Perú no tienen competencia frente a autoridades diplomáticas», manifestó.
Por ello, calificó el recurso como una «pretensión no judicializable».
«No se ha debido admitir a trámite porque involucra a un gobierno que no puede comparecer ante un proceso porque tiene inmunidad. No puede ser sujeto, ni como demandante ni como demandado», refirió.
Quiroga añadió que el recurso «va a ser declarado improcedente». De continuar con él, dijo que «sería inaplicable e inviable», por lo que, en suma, el gobierno peruano no estará obligado a entregar el salvoconducto para que Betssy Chávez abandone el país hacia México.
EN CAMPAÑA
Como se conoce, Betssy Chávez es procesada por el intento fallido de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022. Permanece en las instalaciones de la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre del 2025, tras recibir asilo del país norteamericano. El 21 de ese mismo mes el Poder Judicial dictó prisión preventiva en su contra, tras ser acusada por la Fiscalía de los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Perú21 reveló el 4 de febrero que hace campaña en favor de su madre, Herminia Chino, quien postula al Senado con el partido político Podemos, de propiedad de José Luna Gálvez, a través de grabaciones y videos publicados en redes sociales. Por ello, la Cancillería emitió un comunicado expresando su «malestar» al gobierno mexicano.
