Pablo Sánchez cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, el 23 de enero pasado, acordó por mayoría no ratificarlo en el puesto de fiscal supremo, terminando con su carrera a los 69 años de edad.
En un comunicado escrito, Sánchez refirió que la JNJ, presidida por María Teresa Cabrera, no fue «objetiva» ni «justa» al someterlo a evaluación.
Advirtió que la entidad hizo calificaciones sobre un caso en su contra que ya había sido archivado, como su supuesta injerencia en 2018 —siendo fiscal de la Nación— para evitar el allanamiento a las oficinas de la ONG IDL que integra el periodista Gustavo Gorriti, y el haber recibido remuneración adicional.
«Se consideró lo que ya había sido archivado por la Fiscalía de la Nación en dos oportunidades (cosa decidida). Un primer tema referido a una llamada telefónica (con la sola versión de un advenedizo fiscal adjunto) y a una supuesta vinculación con el señor Gorriti; y un segundo tema por presuntamente haber recibido una remuneración adicional (dieta no es remuneración) cuando era integrante de la Academia de la Magistratura, y por el cual cumplí una suspensión de 120 días (que consideré injusta); y que, de otro lado, el juzgado constitucional hasta ahora no resuelve», sostuvo.
En esa línea, indicó que su apartamiento de la Fiscalía se debe a que la JNJ lo evaluó por «dos hechos ya archivados».
«Sobre todos los casos presenté la documentación pertinente que demuestra la claridad de los hechos, pero entiendo que los motivos no son jurídicos», enfatizó.
Asimismo, agradeció a quienes lo apoyaron y salieron en su defensa, considerando que la postura de Cabrera y compañía empañaba la trayectoria de Sánchez Velarde, que este año se jubilaba.
El aún fiscal supremo presentó un recurso de reconsideración para revertir la resolución administrativa que lo deja fuera del Ministerio Público.
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