En un polémico y cuestionado fallo, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró inaplicable la Ley 32301, también conocida como Ley APCI, para el caso específico del Instituto de Defensa Legal (IDL). Con esta decisión, la organización queda libre de las normas de transparencia, restricciones y sanciones, aprobadas el año pasado.
El fallo, dictado por la jueza Rocío Rabines Briceño, responde a una demanda de amparo presentada por el IDL contra la norma promulgada en abril de 2025.
El juzgado determinó que las modificaciones a la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) vulneraban principios constitucionales al intentar controlar políticamente el destino de los fondos extranjeros.
La sentencia deja sin efecto la aplicación de la supervisión mediante los nuevos Reglamentos de Infracciones y Sanciones (RIS) y de Organización y Funciones (ROF), eliminando simultáneamente el requisito de obtener una «conformidad previa» de la APCI para poder iniciar sus labores en el territorio nacional.
Al respecto, Fernando Rospigliosi, uno de los principales impulsores de la fiscalización a las ONG, criticó la decisión de no aplicar la Ley que se encuentra vigente.
El Poder Judicial no aplica las leyes que no le gustan a la mafia caviar precisamente porque está controlado por la mafia caviar. El PJ TIENE que aplicar las leyes que el Congreso aprueba y el Gobierno promulga. Así funciona la división de poderes. Pero eso no ocurre en el Perú.… pic.twitter.com/8IaWbtHZUV
— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 14, 2026
«El Poder Judicial no aplica las leyes que no le gustan a la mafia caviar precisamente porque está controlado por la mafia caviar. El Poder Judicial tiene que aplicar las leyes que el Congreso aprueba y el Gobierno promulga. Así funciona la división de poderes. Pero eso no ocurre en el Perú. ¡Hay que barrer el Poder Judicial! ¡Soluciones radicales!», expresó el parlamentario.
Esto sienta un precedente que podría ser invocado por otras ONG que actualmente mantienen procesos similares contra la Ley 32301.
La Ley que se demoró alrededor de 150 días en ser revisada y aprobada, buscaba aumentar la transparencia y el control sobre los fondos que reciben las ONG en el Perú.
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