El transporte público urbano de Lima y Callao quedará totalmente suspendido este miércoles 14 de enero, luego de que el 100% de las empresas del sector anunciara su adhesión a un paro único y contundente, que será acatado por más de 22 mil unidades de transporte, en protesta por la creciente ola de extorsiones y violencia criminal que golpea al gremio.
La paralización iniciará desde las 00.00 horas del miércoles y se extenderá durante toda la jornada, como una medida para exigir acciones concretas del Estado frente a lo que los transportistas califican como una amenaza directa al derecho a la vida y la salud de los conductores, trabajadores y usuarios.
“Al día de hoy tenemos casi 10 transportistas y pasajeros asesinados y heridos. No podemos decir que las cosas están iguales. Esta paralización busca llamar la atención de los gobernantes y del Estado”, señaló Martín Ojeda, representantes del gremio Transportes Unidos.
En ese sentido, enfatizó que la unidad alcanzada por todos los gremios del transporte urbano rompe cualquier versión que intente vincular el paro con intereses políticos. “No buscamos un cambio de Gobierno. Este no es un tema político, es un reclamo por la vida y la salud”, remarcó.
El sector denunció además la gravedad de los ataques criminales registrados en las últimas semanas, entre ellos dos atentados con granadas de guerra contra unidades de transporte, uno de los cuales no llegó a explotar y otro rebotó en la pista. “Esto ya no es delincuencia común, es terrorismo urbano”, advirtió.
MARCHAS PACÍFICAS
Durante la jornada del 14 de enero también se realizarán marchas pacíficas en distintos puntos de la capital, mientras que varias empresas mantendrán completamente paralizadas sus operaciones como parte de la medida de fuerza.
Sobre los anuncios del Ejecutivo en materia de seguridad, los transportistas señalaron que, si bien valoran el “mea culpa” expresado por el presidente José Jerí y algunos funcionarios, consideran insuficientes los compromisos verbales. “Esta olla de presión no se puede bajar con promesas”, indicaron.
Entre sus principales demandas, el gremio exige la reglamentación inmediata de la Ley 32490, promulgada el pasado 3 de noviembre de 2025 por el Ejeuctivo, y la creación de una unidad de élite integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con presupuesto propio y funciones operativas claras para enfrentar las extorsiones.
El reglamento de la norma, que hace oficiales exoneraciones tributarias, apoyo psicológico y bonos de recuperación para empresas “formalmente afectadas”, será publicado este sábado, según les adelantó el mandatario a los transportistas, dijo Ojeda.
Asimismo, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, reclamó mayor control territorial, continuidad del estado de emergencia y estrategias efectivas. “Hasta hoy no se ha implementado nada de manera real”, cuestionaron.
En respuesta a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien sugirió que habría transportistas implicados en actos de extorsión, los gremios rechazaron tajantemente esa versión. “En el sector formal urbano no creemos que nadie esté involucrado. Si existiera alguna prueba, exigimos la máxima sanción. Le corresponde al premier mostrar evidencias”, subrayó Vargas.
Finalmente, descartaron que la criminalidad esté disminuyendo. “En más de un año de lucha contra esta extorsión sangrienta, ninguna cifra puede avalar una reducción. Hoy se usan motos, pistolas, petardos y granadas. Mañana podrían ser ametralladoras”, advirtió Ojeda.
Suscríbete gratis a la Guía Gastronómica más prestigiosa del país. SUMMUM, el newsletter semanal.
VIDEO RECOMENDADO
