Como propuesta contra el crimen, Gladys Echaíz propone que los sicarios puedan ser detenidos preliminarmente hasta por 15 días.
¿Cómo ve la disolución de los Equipos Especiales?
Hace tiempo que esos equipos especiales no deberían estar. Por muchas razones. Quienes hemos trabajado en el Ministerio Público conocemos la estructura de la institución. La conocemos muy bien. Anticorrupción, crimen organizado, derechos humanos. Y sabemos que dentro de estas subespecialidades se crearon otras más especializadas para tipos determinados. Y eso no podía ser. Más aún, porque se creó una estructura orgánica con un recurso humano importante que le restaba oportunidad de mayor rendimiento a los subsistemas.
Los juzgados especiales se crearon en los 90. Y luego, las fiscalías especiales.
Pero eran en general. No para ver una determinada empresa o persona. Como si fuera la organización del mundo, como si fuera internacional… De ahí, la propia estructura de los subsistemas generó algunas situaciones que yo llamo “deformaciones profesionales”. Porque los coordinadores, al tener una competencia a nivel nacional, comenzaron a considerar que tenían funciones y atribuciones casi como de un supremo. Y eso estaba mal. Tanto así que llegaron a desbordarse y a desafiar la propia autoridad del fiscal de la nación. Y eso incidía en el orden, en el mantenimiento de todo el sistema, de toda la institución. Porque al resquebrajarse el principio de autoridad un poco se desequilibró la institución en general. Se produjo una especie de síndrome Pérez-Vela, que salían a la prensa y emplazaban a cualquier persona o funcionario.
Hay antecedentes. Fernando Olivera fue secretario del fiscal de la nación, Javier Ortiz de Zevallos.
Claro, pero él no hizo las cosas que hemos visto hasta ahora. No fueron los fiscales ni el fiscal de la nación. Fue un funcionario administrativo que buscaba protagonismo. Y que usó el cargo como un trampolín.
¿José Peláez Bardales no se politizó con el APRA? Era defensivo, no ofensivo.
Yo estoy en la institución desde abril del año 82. Casi fundadora. La autoridad del fiscal de la nación era plena y nadie se atrevía a hacer lo que últimamente se vio. ¿Quién va a desafiar al fiscal? Hay un hilo muy fino que se puede cruzar si es que el fiscal no es un profesional que sabe hasta dónde llega. A José Antonio siempre se le atribuyó trabajar a favor de A o B, porque se vio solamente un caso. Pero no se veían las resoluciones que se emitían en otros casos. Yo nunca he visto una situación como esta.
Propone detener delincuentes hasta por 15 días.
Eso es en determinados casos. La Constitución actualmente le da la Policía un plazo de 48 horas para investigar. Es muy poco cuando se trata de delitos complejos. Por ejemplo, en la extorsión, en el sicariato, en el secuestro. Hay que ver celulares, sacar información… 48 horas no son suficientes. Entonces, se presentó un proyecto para que, al igual que en el terrorismo, el plazo sea de 15 días. En temas de drogas, terrorismo, sicariato. Y así poder tener investigaciones un poco más completas que le lleguen al fiscal. Y que no tengamos que leer noticias, que le dieron libertad a un detenido porque la información policial no fue suficiente como para privarle de libertad a una persona, por más que se le haya encontrado en alguna escena comprometedora.
¿Y cómo lidiar con el miedo? Porque a veces los liberan por las amenazas.
Es tema de personas. Por eso apostaba por la profesionalización de jueces y fiscales.
En oposición a la provisionalidad.
No solo la provisionalidad. Porque un abogado postula, puede pasar la entrevista y ser nombrado. Pero el primer día que se sienta no sabe qué va a hacer. Porque nunca estuvo en esa función.
Es muy crítica de las llamadas “leyes procrimen”. Hay una falsa narrativa ahí.
Crítica de la crítica. Porque no todas las leyes son como la narrativa dice “procrimen”. ¿Dónde está el “procrimen”. Pueden buscar mi votación. En algunas sí, en otras no, claro. En algunas me abstuve porque, si bien quería que se modifique algo, no estaba a favor de la redacción del texto.
Claro, se nos quiere vender en paquete todo. Hay que ver ley por ley. Y ver si hay causa y efecto.
Por ejemplo, la ley de colaboración eficaz. ¿Cómo van a decir procrimen? Procrimen era la anterior. En un caso donde hay una persona que viene a declarar y a reconocer que ha cometido un delito y a decir “estas son las pruebas de la comisión del delito y que A, B y C han participado en el mismo.” ¿Necesita para concluir 8 o 9 años? No es lógico. Mientras que el proceso tiene el mismo plazo y hasta menos. ¿Qué nos lleva a pensar? Que más bien se estaba instrumentalizando la colaboración eficaz con fines políticos. Como que ha pasado y hay denuncias contra algunos fiscales por eso. En el allanamiento tampoco es como se dice. El allanamiento se puede dar, no necesitan ningún abogado. Estando ahí se inmoviliza todo y se le dice a la persona que llame a su abogado. En el caso de que no tuviera o el abogado no pudiera llegar, allí hay un defensor de oficio.
¿Qué le parece la gestión de Tomás Gálvez como fiscal de la nación interino?
Conoce bien la institución, sin duda. A algunos que critican no los observaron. Demasiado tiempo han permanecido algunos ahí. Gálvez está tratando de ponerle coto a estas cosas para recuperar poco a poco la imagen institucional.
¿Confía en María Teresa Cabrera, nueva presidenta de la JNJ?
Los miembros de la JNJ son los que han sido seleccionados por el consejo conformado por los que hicieron la reforma constitucional. Empecemos por darle la confianza que demanda todo funcionario, en tanto no veamos que cometa algo que sea censurable. Los miembros de esta JNJ han llegado en un momento difícil.
