El Gobierno dispuso la prórroga por 30 días calendario del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a estas jurisdicciones. La medida entrará en vigencia a partir del 21 de diciembre de 2025.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 140-2025-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con esta norma, el Ejecutivo busca dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas en las últimas semanas frente al incremento de delitos.
Durante el periodo de prórroga, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.
Según lo dispuesto, las zonas de intervención serán determinadas en base a información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos técnicos.
El decreto también establece la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, en el marco de las acciones necesarias para restablecer el orden y la seguridad ciudadana.
En relación con las actividades públicas, la norma precisa que los eventos religiosos, culturales, deportivos y no deportivos de carácter masivo deberán contar con el permiso correspondiente de las autoridades competentes.
Dichas solicitudes serán evaluadas conforme a lo señalado en el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 002-2018-PCM, y de acuerdo con la normativa vigente. En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de autorización previa.
Asimismo, se establece que dentro de los cinco días hábiles posteriores a la culminación del Estado de Emergencia prorrogado, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) deberá informar al titular del Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos durante la vigencia de la medida. El informe final será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.
El decreto señala que la implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados y con las asignaciones de recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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