Los daños ambientales causados por la minería, la situación laboral de los mineros de las grandes empresas y una nueva mirada sobre el rol de la actividad minera en Perú se puso en debate durante el Foro Social: las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería, que se realizó el 23 de junio en Lima, Perú.
La capital peruana es esta semana escenario de otro foro: el Congreso Mundial de Minería, donde empresas del sector se reúnen en mesas y exposiciones sobre el futuro de la actividad. El foro social, en cambio, fue un evento paralelo que reunió a dirigentes sociales de Cusco, Apurímac, Puno, Junín, Áncash, Cajamarca y La Libertad, así como representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).
Junto a expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles, se encontraron para analizar el futuro de la minería con la participación de las comunidades y los trabajadores de las operaciones mineras.
El Foro Social: las otras voces frente al Congreso Mundial de Minería reunió a dirigentes sociales, expertos y académicos. Foto: cortesía Red Muqui.
“Existe una gran brecha entre la minería que realmente existe en el territorio y la minería que regula la ley”, señala Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.
Benites considera que “el marco legal peruano está desfasado para enfrentar los nuevos retos de la minería informal y el avance del crimen alrededor de la minería”, por tanto, señala la importancia de reconocer que la heterogeneidad de las prácticas productivas en el territorio -minería formal, informal e ilegal- han desbordado esta mirada centrada alrededor de la gran minería. El escenario va mucho más allá y se complejiza.
Las conversaciones concluyeron con un llamado al diálogo para pensar una minería que coloque en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo, además de una revisión de la legislación actual que considere los minerales estratégicos para la transición energética y la disputa geopolítica por el control de recursos.
El Foro Social, organizado por CooperAcción y la Red Muqui, se realizó un día antes de que se inicie el Congreso Mundial de Minería, del 24 al 26 de junio, y que reúne a empresarios, académicos y especialistas de la industria. Este año, el evento se centró en la tecnología y la innovación con expositores y asistentes de más de 30 países.
“Tenemos minería alrededor del oro, alrededor del cobre, del zinc, del hierro. Tenemos minería que se practica con herramientas manuales y minería que se practica con maquinaria pesada. Todo esto no puede estar dentro de la misma caja”, agrega Benites para precisar los cambios que se deben hacer en torno a las actividades mineras en Perú.
Expertos señalan que existe una gran brecha entre la minería que realmente existe en el territorio y la minería que regula la ley. Foto: CooperAcción
Benites considera que se debe tener meticulosidad para conocer esta heterogeneidad en el territorio. Recuerda que en 2018 se introdujo una reforma para tener en cuenta un enfoque territorial para la regulación de la minería informal.
“En Perú podemos hacer un diagnóstico para ver cuáles serían esas zonas. Una cosa es la minería en el norte en Pataz y otra cosa muy diferente es la minería en el corredor minero surandino. Entonces, una mirada diferenciando las actividades en cada una de estas zonas es fundamental para poder regular la minería”, explicas Benites.
La experta sostiene que no se puede tener una Dirección General de Formalización Minera que regula la actividad “como si fuera todo la misma minería” y enfatiza que el enfoque territorial es necesario para enfrentar el reto de los nuevos rostros de la minería en el país.
La investigadora considera que la gran minería y la pequeña minería históricamente han estado separadas, “muy distantes, teniendo en mente que el marco legal peruano se concibió más que nada para la minería a gran escala, para incentivar las inversiones, que llegue capital extranjero”. En ese contexto, “la pequeña minería era invisible, simplemente no se consideró”, puntualiza.
Benites explica que en la actualidad ambas formas de hacer minería “están forzadas a una convivencia conflictuada porque en el territorio, en la práctica, los mineros informales están operando en las concesiones de empresas legales”. Explica que ante esta situación, las empresas toman diferentes perspectivas. Algunas adoptan una práctica de tolerancia, es decir, “hacen un poco la vista gorda“ y dejan que los pequeños mineros continúen operando. Mientras que otras denuncian la presencia de estos mineros, como sucede en el norte del país, principalmente en Pataz, donde hay intervención de la policía para expulsar a los mineros del territorio.
Uno de los temas abordados en el foro social ha sido la legislación minera actual. Foto: Agencia Andina
“Las grandes empresas cumplen un rol importante y podrían ser canales de cambio, podrían ofrecer asistencia técnica, podrían inclusive pensar en forma conjunta con el sector de la MAPE [minería artesanal y de pequeña escala] en incentivos para la compra de mineral, para que dejen de utilizar técnicas que contaminen», agrega. “Hay muchas opciones, sin embargo, es un diálogo complicado”, afirma Benites.
Benites también reflexiona sobre quienes se dedican a la minería informal en el mismo territorio en el que viven. Esas personas, dice Benites, tienen un interés diferente al de un minero que viene de afuera. “Cuando hago entrevistas en una comunidad campesina o una comunidad indígena, me dicen: ‘A diferencia de otro minero de afuera, yo me voy a quedar acá, mis hijos se van a quedar acá, mi interés no es destruir el territorio, yo necesito un área para extraer, otra área para descansar’”.
Por ello, Benites considera que “ser minero informal no significa que no tenga interés en mantener ciertos estándares de calidad de vida y de preservar estas relaciones socioecológicas de una manera sostenible”.
Para Abel Gilvonio, director ejecutivo de CooperAcción, “no es posible discutir la minería sin tener en cuenta la enorme masa de trabajadores mineros que se dedican a esta actividad”, señala y agrega que una discusión solamente alrededor del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o la ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) no solucionará un tema “que tiene que ver con al menos medio millón de trabajadores que están haciendo minería informal en territorios concesionados”.
Para Gilvonio, la forma cómo se ha gestionado la minería en Perú en los últimos 30 años no ha sido adecuada porque “podemos ser el segundo productor de cobre a nivel mundial, pero también somos el segundo país de mayor conflicto socioambiental de la región, con defensores criminalizados, trabajadores mineros precarizados, zonas de sacrificios, afectados por metales tóxicos y un alto impacto en los cuerpos y en los territorios de la gente”.
El Foro Social emitió un pronunciamiento con seis demandas para una nueva gobernanza minera. Foto: cortesía Red Muqui.
Gilvonio señala que la Ley General de Minería es “la piedra medular” de lo que ha sido la discusión sobre este sector “porque está basada en la política de acumulación de concesiones mineras, uno de los elementos fundamentales de la actual conflictividad socioambiental”.
“Hay gente que hace minería porque es la única posibilidad de vida en el territorio”, comenta Gilvonio y añade que por ello es importante “abrir una discusión nacional sobre la Ley General de Minería, sobre las concesiones mineras, sobre las zonas de biodiversidad en las que no debería haber minería, sobre una ley de ordenamiento territorial que defina dónde sí y donde no podemos hacer minería los próximos 35 años”.
Gilvonio también pone en la discusión “los minerales ocultos”, es decir, “los minerales que salen por los puertos de Perú sin ser registrados, que no pagan impuestos”. Se refiere a los minerales fundamentales para la transición energética, como las tierras raras, “que salen del país sin ser declarados y que no significan utilidades para el sector minero, para los trabajadores y tampoco para el beneficio del país”.
“Va a haber más minería en Perú, pero esa minería tiene que ser con defensa de los derechos ambientales y con mayores derechos laborales para los trabajadores mineros”, agrega. “No podemos seguir precarizando a los trabajadores mineros formales ni afectando a las comunidades del entorno de extracción minera directa”, asegura el director de CooperAcción.
Los minerales para la transición energética fue otro de los temas tratados en el foro. Foto: Ministerio de Energía y Minas
Con respecto a los minerales críticos y estratégicos para la transición energética, el ingeniero Pavel Aquino señaló que estos minerales, como el indio, telurio, galio y germanio, esenciales para fabricar baterías, paneles solares y semiconductores, “son exportados como parte de los concentrados de cobre y zinc pero no aparecen en ningún registro oficial del Estado peruano”.
Un estudio de CooperAcción de abril de 2025 permitió identificar la presencia de diversos elementos como el cobalto, níquel, selenio y otros en concentrados de minerales como cobre, plomo y zinc, llamados minerales críticos o estratégicos. Estos elementos pueden ser recuperados y puestos en valor en los países de destino, pero no se reconoce su valor en los países en los que fueron extraídos. “La legislación minera ha quedado desfasada por la realidad”, agrega Aquino.
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Mientras habla, Germán Huarca muestra un video del río Jatun Ayllu, en Puno. En las imágenes se ven las aguas sucias del río. “Está contaminado y muerto, realmente la empresa es irresponsable, no cumplen su estudio de impacto ambiental”, dice el dirigente campesino sobre los relaves procedentes de la actividad minera de extracción de oro y plata en la zona.
“Extraen oro en polvo que nosotros no vemos, no es como otras minerías. Nosotros en la cuenca del Jatun Ayllu nos encontramos con metales pesados en el 92 % de los niños, hasta yo mismo existo con metales pesados”, reclama Huarca sobre la contaminación de esta cuenca que según cuenta el dirigente afecta a varios pueblos y llega hasta el Lago Titicaca, a través del río Ramis.
La contaminación por actividades mineras fue un reclamo de los dirigentes de las distintas regiones del país. Foto: cortesía Aprodeh
Huarca explica que seis cuencas forman parte de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos. “Somos pequeños propietarios que vivimos en ambos márgenes del río Jatun Ayllu que está contaminado con cianuro. Hemos denunciado a la minera y estamos luchando para que nuestro río no siga contaminado”.
Además de la contaminación ambiental y la afectación de la salud de las personas por la minería, la situación laboral de los mineros de la gran minería y mediana minería también tuvo cabida en el foro social.
Teófilo Manzanedo, dirigente nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, habla de una de las mayores preocupaciones entre los trabajadores: la tercerización de los trabajadores.
Se trata de un sistema de contratación mediante el cual las empresas dan empleo a proveedores externos para obras o servicios especializados. Muchas veces puede implicar la subcontratación de trabajadores de otros empleadores.
Las discusiones del foro también giraron en torno a la afectación de la salud de las personas por la minería y la situación laboral de los trabajadores. Foto: cortesía CooperAcción
“El 70 % de los trabajadores mineros es personal tercerizado, solamente el 30 % es personal en planilla”, dice Manzanedo. “Y cada año aumenta el porcentaje del personal tercerizado”, agrega.
Manzanedo cuenta que la federación presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial para que se elimine la tercerización. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el recurso de amparo que presentaron. “Pero seguiremos luchando. Quizá no vamos a poder eliminar la tercerización, pero vamos a buscar mejores condiciones laborales”.
El dirigente cuestiona también a las mineras que no cumplen con las normas ambientales y que ocasionan contaminación. “Nosotros trabajamos cerca a una comunidad de San Juan de Milpo, que tiene bastante afectación en sus tierras, en sus chacras, también contaminaron los ríos. Sus campos donde producían y sembraban están prácticamente muertos”, dice.
“No hay minería para el futuro sin democracia, derechos ambientales, laborales, y protección de los territorios”, señala el pronunciamiento emitido tras la finalización del Foro Social. En el documento se incluyen los temas debatidos durante el encuentro y se plantean seis demandas para una “nueva gobernanza minera”.
Estos seis puntos abarcan una gobernanza de los territorios que garantice la participación efectiva de comunidades y pueblos indígenas en todas las etapas de las decisiones vinculadas a la actividad minera; la protección del agua, los ecosistemas y la salud; el respeto irrestricto de los derechos humanos en los territorios mineros; la protección efectiva de personas defensoras ambientales y de derechos colectivos.
También plantean buscar una distribución más equitativa de los beneficios generados por la minería; una respuesta integral frente a la minería ilegal y las economías criminales, diferenciándose de la minería artesanal; y garantizar trabajo digno y derechos laborales.
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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