Aunque el país goza de un entorno externo favorable y resiliencia a nivel macroeconómico, enfrenta graves deficiencias en la gestión pública y en materia de seguridad. Así lo destacaron Luis Miguel Castilla y Mercedes Araoz, extitulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante su participación en el foro “El Perú frente a un nuevo ciclo económico y político”, a cargo de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.
Ambos se concentraron en las prioridades que debería considerar el próximo Gobierno para, sobre todo, reconciliar a una nación que se encuentra peligrosamente fracturada, evidenciado en los últimos comicios con dos mayorías polarizadas de votantes. ¿En qué coincidieron los expertos?
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El desafío de reconstruir el capital humano
En detalle, los exministros plantearon que el gran reto del Gobierno entrante es superar la polarización entre Lima y el resto del país. Según expusieron, la reconciliación no es solo un deseo político, es una necesidad para alcanzar la estabilidad y seguridad, elementos indispensables para el desarrollo. Enlistaron, por tanto, algunas aristas.
Araoz se concentró en la resolución de las demandas sociales insatisfechas, puntualmente en la pobreza multidimensional. Señaló que la fractura social es comprensible cuando más del 25% de la población vive en pobreza monetaria y con brechas en educación, incidencia de anemia y falta de acceso a servicios básicos.
Otro punto que abordó fue el de las economías ilegales. Identificó que las actividades ilícitas, como la minería ilegal y la trata de personas, son la “madre del cordero” de la inseguridad en las regiones.
Tuvo en cuenta, además, el elemento “superación del miedo a la gestión pública”. Mencionó que la persecución política y judicial a los funcionarios ahuyenta al talento técnico de regresar al Estado: prima el temor a represalias legales años después de su gestión.
Por su parte, Castilla refirió que el país no puede avanzar sin estabilidad política y social, que han sido esquivas en los últimos años. Además, enfatizó en la necesidad de recuperar la seguridad jurídica; es decir, el respeto a los contratos y arbitrajes; el objetivo es no continuar como “protagonistas” ante los casos que revisa el Ciadi.
Para él, otro desafío central es revertir la “desinstitucionalización” del Estado, lo que equivale a recuperar el capital humano y los cuadros técnicos que se han perdido debido a la alta rotación de autoridades.
No dejó de lado el cierre de brechas de infraestructura. Argumentó que la desconexión entre el gasto presupuestal y el impacto real en obras alimenta un descontento legítimo en muchas partes del país.
Las regiones con mayores niveles de pobreza multidimensional son Loreto y Puno. (Imagen: Andina)
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La percepción en un país de instituciones frágiles
Pablo Cateriano, presidente y socio fundador de Métrica Perú, también fue parte del diálogo y analizó cómo la percepción pública y el comportamiento político son fundamentales para la viabilidad de un gobierno, especialmente en un país con instituciones frágiles.
Para el también periodista, el principal reto del próximo Gobierno es dejar un legado positivo y reconstruir una imagen vinculada al respeto democrático. Recomendó, así, un acercamiento real con las fuerzas que no la apoyaron para ganar legitimidad.
En ese sentido, sugirió una priorización sobre la macrorregión sur. Subrayó que este grupo de la ciudadanía es un público al que se le debe reconocer que el modelo actual no lo ha beneficiado lo suficiente.
Recordó que la “herida” sigue abierta por lo ocurrido durante las protestas contra Dina Boluarte y que la reputación del nuevo Gobierno dependerá de la postura que tome su bancada frente a futuras investigaciones sobre esos eventos.
