La reciente aprobación en primera votación por el Congreso de la ampliación del proceso de formalización minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 ha provocado advertencias por parte de especialistas, quienes alertan que esta medida, sin una reforma integral, agrava los riesgos políticos, ambientales y delictivos en el país.
Expertos coinciden en que extender el registro de formalización en su estado actual fortalece las redes criminales, incrementa los costos socioambientales y abre una puerta peligrosa para la infiltración de dinero proveniente del oro ilegal en futuros procesos electorales.
Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, destacó la magnitud de la amenaza financiera del oro ilegal. La producción ilegal de este metal genera alrededor de $4,000 millones de dólares, un monto que, según Zevallos, «alcanza para financiar 1.460 campañas presidenciales, 31 mil campañas al gobierno regional y 35 mil para congresistas». El especialista advirtió que el uso de solo el 1% de ese monto ya representa una «gigantesca amenaza para el país».
Además del riesgo político, la exministra Paola Bustamante resaltó el grave peligro que enfrentan las poblaciones aledañas a la minería ilegal, donde las redes criminales exponen a niños y adolescentes a la trata de personas y otros delitos anexos.
Desde la perspectiva ambiental y legal, los especialistas señalan que la ampliación sin controles efectivos refuerza la impunidad y expone al país a que los daños ambientales y delitos crezcan a una mayor escala.
César Ipenza, experto en materia ambiental, explicó que la nueva ampliación genera que el Estado persista en el incumplimiento de sus obligaciones ambientales y recordó que el Tribunal Constitucional ya exhortó al Estado a no establecer exenciones de responsabilidad penal como parte del proceso de formalización minera.
Al respecto, Julio Cusurichi, líder indígena y representante de Aidesep, rechazó la ampliación porque «afecta nuestros derechos» y pone en mayor riesgo a los defensores ambientales.
Ante estos peligros, se exige una respuesta conjunta y firme del Estado. El exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, enfatizó que la respuesta no debe salir solo de un ministerio o una dirección estatal, sino que debe ser un «esfuerzo de todo el Estado Peruano» , incluyendo al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislativo, para acordar políticas públicas y sanciones.
Por su parte, el sector empresarial, a través de Ángela Grosheim, directora ejecutiva de la SNMPE, instó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a coordinar y firmar convenios de cooperación con entidades técnicas como OEFA y Osinergmin para fortalecer las capacidades de fiscalización.
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