La Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá y votará el miércoles 17 de diciembre, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que plantea inhabilitar por infracción constitucional a la exfiscal de la nación Delia Espinoza por un período de 10 años.
El informe —que fue aprobado por el subgrupo de trabajo que preside Lady Camones, el 3 de diciembre último— señala que Espinoza habría incurrido en infracción constitucional al supuestamente «vulnerar los principios básicos del ejercicio público y afectar las competencias propias del Parlamento».
Ello debido a que la extitular del Ministerio Público formuló acusación en su momento contra los legisladores relacionados con el dictamen del proyecto de ley que autorizó a algunos congresistas a percibir, de manera simultánea, su remuneración y la pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Según el oficio enviado a Espinoza Valenzuela, ella tendrá oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y contar con un abogado.
¿Segunda inhabilitación?
Cabe señalar que actualmente Espinoza ya se encuentra inhabilitada para el ejercicio de la función pública por 10 años.
La medida fue aprobada a inicios de mes por el pleno del Congreso. En aquella ocasión, 71 parlamentarios respaldaron el informe que establecía que Espinoza incurrió en infracción constitucional al avalar la inaplicación de la Ley 32130 aprobada por el Congreso, la cual le da a la Policía Nacional la facultad de investigar el delito y agilizar los procesos penales.
Asimismo, dejó expedito el camino para que quien ocupó el máximo cargo en la Fiscalía de la Nación sea ahora procesada por su misma institución.
Tras la medida, Espinoza anunció que recurrirá a todas las instancias, incluidas las internacionales, para hacer valer sus derechos.
«Han pisoteado el Estado constitucional de derecho dando inicio a una dictadura parlamentaria. (…) La comunidad internacional lo está viendo y está tomando nota, se han vulnerado mis derechos fundamentales y los de la población a tener verdadera justicia con una fiscal que persigue el delito, no a los nombres, no a los partidos, sino al delito al más alto nivel el delito del poder y lo voy a seguir haciendo porque tarde o temprano voy a regresar», subrayó.
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